La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más afecta a empresas, familias y a la actividad económica en México, al mantenerse en 2026 en niveles históricamente altos, advirtió Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex.
Durante la presentación del Monitor de Seguridad del organismo empresarial, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el dirigente informó que entre enero y marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en el país, prácticamente la misma cifra reportada en el mismo periodo de 2025.
Esto representa un promedio de 32.4 víctimas diarias.
Sin embargo, Sierra Álvarez alertó que la magnitud real del problema podría ser mucho mayor, debido a que el 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, según datos del INEGI.
“Es el delito con la mayor cifra oculta en el país”, afirmó en entrevista para XEU.
El líder empresarial explicó que la Coparmex desarrolló el Índice de Extorsión Coparmex (IES), el cual mide la incidencia, la cifra negra y la percepción de inseguridad para dimensionar el impacto real del delito.
De acuerdo con este indicador, 14 estados del país superan el promedio nacional de 49.7%, siendo Morelos, Tabasco y Zacatecas las entidades con mayores afectaciones para la actividad empresarial.
Además, en 17 de las 32 entidades federativas aumentó la incidencia de extorsión durante el primer trimestre de 2026. Entre los estados con mayores incrementos destacan Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco.
Asimismo, nueve estados alcanzaron niveles históricos de extorsión en los últimos 11 años: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Querétaro.
En el caso de Veracruz, el dirigente empresarial señaló que la entidad se mantiene dentro del promedio nacional y por debajo del índice de 49.7%.
La Coparmex también estimó que las pérdidas económicas derivadas de este delito equivalen al 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de 15 mil millones de pesos.
A ello se suma el gasto adicional que realizan las empresas en seguridad, el cual representa un 20% más en sus costos operativos.
Sierra Álvarez detalló que el 17.3% de los socios de Coparmex ha sido víctima de extorsión. Del total de casos, el 68.8% corresponde a extorsiones telefónicas y el resto a otras modalidades, incluido el llamado “cobro de piso”.
Además, reveló que el 37% de las víctimas terminó pagando la extorsión.
Sobre las acciones implementadas para combatir este delito, el dirigente consideró que aún falta fortalecer las capacidades de investigación en los estados, particularmente mediante la creación de unidades antiextorsión en las fiscalías estatales.
También subrayó la necesidad de instalar inhibidores de señal en centros penitenciarios, ya que gran parte de las llamadas de extorsión telefónica provienen de cárceles.
“Vamos a avanzar en la medida en que seamos capaces de crear unidades antiextorsión y fortalecer la investigación”, señaló.
Finalmente, Sierra Álvarez reconoció que algunos empresarios también han denunciado presuntas prácticas de extorsión por parte de autoridades durante trámites gubernamentales.
Indicó que, de acuerdo con encuestas de Data Coparmex, el 40% de las empresas enfrenta obstáculos en trámites municipales y estatales, los cuales suelen ser largos, costosos y poco transparentes, lo que abre espacio a actos de corrupción.
