La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) mantiene bajo procedimiento a numerosas granjas avícolas y otras empresas señaladas por posibles incumplimientos ambientales, algunas de las cuales incluso han roto sellos de clausura para continuar operando.
El procurador del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, informó que la dependencia ha enfocado parte de sus esfuerzos en atender denuncias relacionadas con granjas avícolas y porcícolas, así como bancos de materiales, principalmente ante los reportes ciudadanos registrados en municipios como Cotaxtla, Cuitláhuac y Yanga.
Explicó que recientemente participó personalmente en la clausura de una granja avícola ubicada en la región de las Altas Montañas, donde posteriormente se detectó que fueron quebrantados los sellos colocados por la autoridad.
Por razones de secrecía, el funcionario no reveló el nombre de la empresa, pero confirmó que este tipo de casos ya han derivado en acciones legales.
“Sí, claro. Sí, claro. Y ahí se ha ido donde es la batalla legal”, señaló.
Carrizales López indicó que la PMA tiene numerosas empresas bajo procedimiento, aunque dijo no contar en ese momento con la cifra exacta. Además, reconoció que existe un nivel bajo de cumplimiento entre algunas empresas que realizan actividades con impacto ambiental.
Señaló que la Procuraduría debe actuar con cuidado en el caso de las granjas avícolas, ya que una clausura también puede generar afectaciones relacionadas con el bienestar animal, particularmente cuando existen pollitos en proceso de reproducción.
“Siempre tenemos ese cuidado de que si bien están incumpliendo la normatividad o simplemente no tienen los permisos para desarrollarse, digamos, e impactar ambientalmente, estamos de verdad haciendo todo un esfuerzo”, explicó.
El procurador detalló que durante el actual ejercicio fiscal la dependencia ha realizado 555 inspecciones y aseguró que las revisiones se llevan a cabo de manera constante.
“Tenemos inspecciones todo el tiempo, todos los días estamos inspeccionando, todos los días”, afirmó.
Respecto a las empresas que rompen los sellos de clausura, Carrizales López explicó que esta conducta puede derivar en una acción penal, por lo que, en lugar de solucionar su situación, las empresas pueden enfrentar mayores consecuencias legales.
También adelantó que buscarán un acercamiento con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para fortalecer el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Procuraduría.
El funcionario hizo un llamado a las empresas para que se acerquen a la PMA y regularicen su situación antes de que los procedimientos escalen.
“Lo único que hacen las empresas, en lugar de aprovechar esta diligencia de parte de la Procuraduría para regularizarse, se embroman más”, expresó.
Sobre el monto de las multas, explicó que no existe una cantidad única, debido a que las sanciones se determinan con base en distintos factores, como el número de incumplimientos, el daño ocasionado y la capacidad económica de la empresa.
“No es lo mismo aquel que solamente le hace falta un papel a aquel que contaminó un río”, puntualizó.
Finalmente, Carrizales López descartó haber detectado casos de corrupción relacionados con las empresas inspeccionadas y destacó que la PMA ha reforzado sus procedimientos de vigilancia.
Explicó que todos los inspectores que realizan estas labores cuentan con cámaras corporales, una medida que, dijo, busca brindar certeza jurídica tanto a las empresas inspeccionadas como a los propios funcionarios durante las diligencias.
