Especialistas advierten que la concentración de datos sobre propiedades, propietarios, hipotecas y otros gravámenes en una plataforma nacional podría exponer información sensible si los sistemas son vulnerados. También prevén posibles aumentos indirectos al predial por la actualización de los valores catastrales.
La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral ha generado preocupación entre especialistas en materia notarial y jurídica por los riesgos que podría representar la concentración de información patrimonial de los mexicanos en una plataforma digital nacional, particularmente ante la posibilidad de que los datos sean vulnerados y utilizados por la delincuencia.
Durante el programa de periodismo de análisis de XEU, el notario Israel Ramos Manje, el notario Gustavo Souza Rodríguez, la abogada Nancy Cruz Toxtega y el abogado fiscalista Pablo Gutiérrez abordaron los alcances de esta legislación y advirtieron sobre los desafíos de seguridad que implicará la integración de los registros catastrales y públicos de la propiedad.
La principal preocupación expuesta por los especialistas es que la información sobre los inmuebles de una persona pueda concentrarse en un solo sistema, facilitando la consulta de datos que actualmente se encuentran distribuidos entre distintas instancias.
Ramos Manje explicó que la plataforma busca integrar información de los catastros municipales y de los registros públicos de la propiedad, con el objetivo de facilitar los trámites y mejorar la coordinación entre autoridades. Sin embargo, advirtió que una eventual vulneración informática podría permitir el acceso indebido a datos patrimoniales.
“Van a saber exactamente quién tiene cada cosa y en dónde la tiene”, señaló el notario al referirse a los riesgos de que la información quede en manos de personas que pretendan utilizarla con fines delictivos.
Por su parte, Nancy Cruz Toxtega alertó que la información unificada podría incluir la ubicación y las dimensiones de los inmuebles, la identidad de sus propietarios, así como datos sobre hipotecas y otros gravámenes inscritos.
La abogada consideró que, si estos registros fueran obtenidos por grupos delictivos, podrían utilizarse indebidamente para conocer el patrimonio de una persona, identificar sus propiedades o disponer de información que facilite posibles actos de extorsión, fraude u otros delitos.
Los participantes señalaron que la digitalización puede contribuir a modernizar los servicios públicos, pero subrayaron que la implementación debe acompañarse de mecanismos sólidos de protección de datos y ciberseguridad. Durante la discusión no se presentó evidencia de que la nueva plataforma haya sido vulnerada; las advertencias se centraron en los riesgos potenciales de concentrar información patrimonial.
La legislación establece mecanismos para homologar y modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad de todo el país. Entre sus instrumentos contempla una Plataforma Nacional Catastral, la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral, con el propósito de facilitar la identificación de los inmuebles y el intercambio de información entre autoridades.
El Senado aprobó el decreto el 14 de octubre de 2026 y lo turnó al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes. Los documentos legislativos contemplan que las autoridades adopten las plataformas y los modelos de homologación a más tardar el 31 de diciembre de 2026, para que entren en operación el 1 de enero de 2027.
De acuerdo con los especialistas, uno de los retos será garantizar que la integración de los registros no se traduzca en un acceso indiscriminado a información sensible y que existan controles adecuados para determinar quién puede consultarla y con qué finalidad.
Otro de los puntos abordados durante el programa fue el posible impacto de la actualización catastral en el bolsillo de los propietarios.
Los notarios explicaron que la ley no establece por sí misma un incremento automático en las tasas del impuesto predial. No obstante, la actualización de los valores catastrales podría elevar el monto a pagar en determinados casos, debido a que el impuesto se calcula tomando en cuenta el valor catastral del inmueble.
Gustavo Souza Rodríguez señaló que los propietarios que hayan ampliado sus viviendas o construido sin informar al municipio podrían enfrentar una revisión de sus registros, con la consecuente actualización del valor de sus propiedades.
Israel Ramos Manje añadió que, cuando se detecten construcciones no declaradas, las autoridades podrían determinar diferencias en las contribuciones y reclamar pagos anteriores dentro de los límites legales aplicables. Los alcances dependerán de cada caso y de las disposiciones fiscales correspondientes.
Los especialistas indicaron que la actualización también busca reducir las diferencias entre la información que tienen los municipios y la registrada en las oficinas públicas de la propiedad.
Durante el análisis también se cuestionó la capacidad de todos los municipios para cumplir con la digitalización de sus registros, debido a las diferencias presupuestales y tecnológicas entre localidades.
Los participantes consideraron necesario conocer los lineamientos que regularán la operación de la plataforma, los mecanismos de protección de datos y los procedimientos para actualizar la información de los inmuebles.
El debate, concluyeron, no se limita a la modernización administrativa o al posible efecto fiscal de la nueva ley, sino que también involucra la protección del patrimonio y de los datos personales de los ciudadanos frente a eventuales accesos no autorizados.
