El gobierno de Veracruz ha tenido que recurrir a amparos para detener juicios y demandas heredadas de administraciones pasadas, algunas de las cuales llegaron a pedir el embargo de bienes públicos e incluso derivaron en multas dirigidas a la gobernadora, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, durante su comparecencia ante el Congreso local.
El funcionario describió un panorama jurídico saturado por procesos que no se originaron en la actual gestión, pero que continúan generando consecuencias legales y financieras.
“Se está batallando y defendiendo el pasado y presente de responsabilidades del presente, tenemos cientos de cauces, de juicios que estamos combatiendo de administraciones anteriores, tanto laudos como demandas de todo tipo”, expuso.
Ante la presión que estas resoluciones representan, el Gobierno ha debido interponer recursos para evitar afectaciones directas.
“Estamos combatiendo con amparos indirectos, demandas que heredamos del pasado, creo que llevo 20, ya perdí la cuenta, riesgos de embargos por garantizar el pago, inicio de multas también para la gobernadora”, señaló.
Ahued enfatizó que la carga de litigios ha implicado un trabajo permanente de las áreas jurídicas para impedir daños al erario y a la administración pública.
“Quiere decir que tenemos en el área jurídica un trabajo intenso para defender juicios del pasado, atender las causas y las situaciones legales”, agregó.
El secretario subrayó que la actual administración ya no permite prácticas irregulares o acuerdos que, en gobiernos anteriores, se generaban alrededor de estos juicios.
“Se acabaron ‘vender los juicios’, se acabó eso de que la Secretaría se presentaba a eso, se está defendiendo a Veracruz y sus intereses”, afirmó.
