Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el Dictamen de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal y de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General, todos ordenamientos del estado de Veracruz, en materia de armonización nacional del delito de extorsión.
Esta adecuación legal, resultado de la iniciativa presentada el pasado 8 de diciembre por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Naomi Edith Gómez Santos, fue presentada vía dictamen por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Procuración de Justicia.
Las instancias dictaminadoras exponen que con esta armonización no solo se cumple con el mandato federal, sino que se dota al estado de Veracruz de herramientas jurídicas de vanguardia y la incorporación de técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada y las operaciones encubiertas.
Advierten que el éxito de la reforma no radica únicamente en la modificación del Código Penal, sino en la reingeniería institucional que se despliegue para investigarlo.
La creación de la Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión, dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), “es la clave para desarticular estructuras criminales complejas”.
Destacan que la creación de la Unidad Especializada es una inversión en la paz social, “pues la extorsión inhibe la inversión, cierra comercios y genera desplazamiento forzado”.
Por consiguiente, refieren que, al dotar a esta Unidad de autonomía técnica y recursos garantizados, “se estaría enviando un mensaje claro a la ciudadanía y a los grupos delictivos: el Estado retoma el control y la extorsión dejará de ser una industria impune”.
De esta manera, la legislación precisa que la Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión dependerá directamente de la persona titular de la FGE, quien tendrá a su cargo la investigación, persecución y el esclarecimiento de los hechos que constituyan dicho delito, conforme a lo previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y demás disposiciones aplicables.
La Unidad estará integrada por ministerios públicos, policías, analistas y personal pericial debidamente capacitado, evaluado y certificado en materia de extorsión, de acuerdo con los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desarrollará acciones de coordinación, intercambio de información y colaboración con las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes, para la atención integral del delito de extorsión, en los términos establecidos por la legislación aplicable.
Fuente y foto: AVC
