La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó al menos 15 recomendaciones a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) por la impugnación de recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, principalmente en investigaciones de personas desaparecidas.
Las impugnaciones corresponden a recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) que no fueron aceptadas por la Fiscalía estatal, una práctica que, de acuerdo con la CNDH, se volvió recurrente durante la gestión de Verónica Hernández Giadáns como fiscal general.
En los expedientes revisados, la CNDH documentó omisiones, falta de debida diligencia y deficiencias en la integración de carpetas de investigación, lo que derivó en la revictimización de personas denunciantes y de familiares de víctimas.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran retrasos injustificados, investigaciones incompletas y la ausencia de acciones básicas para la localización de personas. El organismo nacional advirtió que, si persiste la negativa de la Fiscalía para aceptar las recomendaciones, los casos serán remitidos nuevamente a la CEDHV para que, en el ámbito de sus atribuciones requiera a la persona titulare de la FGE que funde motiva y haga pública su negativa.
Además, planteó que la Comisión Estatal solicite la comparecencia del fiscal o fiscal general ante el Congreso del Estado de Veracruz, y que se envíen a la CNDH las constancias que acrediten el cumplimiento de estas acciones. Irregularidades documentadas en las recomendaciones En las recomendaciones dirigidas a la FGE se señala la dilación sistemática en las investigaciones.
En uno de los casos, la CNDH documentó que los cambios constantes de fiscales impidieron el avance de las indagatorias y la construcción de un análisis integral, por lo que se solicitó la indemnización por los daños ocasionados tras años de inactividad ministerial.
En otro expediente, se acreditó que la Fiscalía incumplió el Protocolo Homologado de Búsqueda, al informar de manera tardía a las Comisiones de Búsqueda, omitir entrevistas clave, no generar información útil para definir líneas de investigación y retrasar diligencias como la geolocalización, el resguardo de videos, la obtención de perfiles genéticos y la aplicación del cuestionario ante mortem.
Estas omisiones derivaron en una búsqueda deficiente y sin resultados. Un tercer caso evidenció la falta de exhaustividad de la FGE, al no existir constancia de que la evidencia entregada hubiera sido analizada o cotejada con algún banco de datos, ni de que se realizaran diligencias adicionales para obtener información relevante. La CNDH concluyó que hubo una actuación negligente y un retardo injustificado en la integración de la carpeta de investigación
Casos específicos señalados por la CNDH En la Recomendación 116/2025, la CNDH indicó que la Fiscalía no desplegó ni coordinó oportunamente la búsqueda de V1, ni estableció enlaces con comisiones especializadas para búsquedas por patrones. La investigación del secuestro fue calificada como negligente, sin la diligencia requerida ante la situación de vulnerabilidad de la víctima.
En la Recomendación 38/2025, la CNDH señaló que, aunque la Fiscalía contaba con datos completos de los presuntos responsables de la desaparición de V1 y V2, demoró injustificadamente en recabar sus declaraciones. También omitió integrar testimonios clave aportados por testigos y por familiares, pese a que los presuntos implicados seguían realizando actividades relacionadas con la empresa de las víctimas. Además, la FGE no notificó de manera inmediata a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz sobre el inicio de la carpeta de investigación, incumpliendo nuevamente los protocolos vigentes.
La CNDH sostuvo que el rechazo sistemático de recomendaciones debilita los mecanismos de rendición de cuentas y reiteró que las fiscalías estatales están obligadas a investigar con debida diligencia, especialmente en casos de desaparición de personas, donde la inmediatez y la exhaustividad son determinantes para garantizar el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas.
