Organizaciones civiles acusaron que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México inició en el mes de febrero en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se ocultó.
Mediante un comunicado las organizaciones como Geocomunes, Greenpeace México, A.C., Leave it in the Ground Initiative (LINGO) Nuestro Futuro, A.C. RG - Asesoría Legal , Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), etre otras indicaron que hay evidencia que el derrame inició en febrero y no en marzo.
A continuación lo que afirma el comunicado:
Hoy se sabe que el derrame actual del Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, cuando aparecieron los primeros reportes en playas de Veracruz y Tabasco. Empezó desde inicios de febrero, en torno a un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de diámetro, y alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento.
De acuerdo a la investigación realizada por algunas de las organizaciones firmantes, reveló que desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto. El 7 de febrero llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. Durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto OLD AK C, una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.
En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 km². También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata. Semanas más tarde, a inicios de marzo, ese hidrocarburo derramado comenzó a arribar de manera sostenida a las costas de Tabasco, Veracruz y, posteriormente, Tamaulipas. Para el 21 de marzo ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados, prácticamente toda la extensión del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con 51 sitios reportados con presencia de chapopote, impactos sobre playas, manglares, fauna y medios de vida comunitarios.
Esta secuencia revela algo más que una respuesta insuficiente. Muestra que hubo conocimiento temprano del vertido, intervención operativa en la zona y, pese a ello, una decisión de no alertar públicamente. La prueba más clara de ese ocultamiento es que, después de actuar en el sitio desde febrero, las autoridades no informaron a las comunidades ni al país y semanas después, presentaron el desastre como si apenas comenzara.
En su conferencia de prensa del 26 de marzo de 2026, las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell. La pieza central de esa versión era clara: sembrar la idea de que el origen seguía siendo incierto o natural.
La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa. Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible y había embarcaciones de apoyo operando alrededor, no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales.
No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido. Y esa falsedad importa por una razón sencilla: no fue inocua. El “Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas” (PNC) del Gobierno Federal, obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional. Ocultar la fuente y omitir al responsable no solo viola la lógica del Plan: también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado.
Nada de eso fue transparentado a tiempo a la población costera. Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, deliberadamente se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos. Ese ocultamiento tuvo consecuencias directas: impidió la preparación temprana de las comunidades, retrasó la presión pública para contener el derrame en origen y dejó a poblaciones pesqueras y costeras enfrentando el arribo del chapopote sin información suficiente, sin protección adecuada y sin certeza sobre los daños a la salud, a los ecosistemas y a sus medios de vida.
Lo que ocurrió no puede reducirse a un problema de comunicación. Hay responsabilidades legales y políticas. ¿Quién decidió no informar públicamente desde febrero sobre un vertido de gran magnitud en torno a la infraestructura petrolera de Pemex? ¿Quién decidió desplazar la atención hacia marzo y hacia supuestas causas naturales? ¿Quién responderá por las comunidades que no fueron alertadas a tiempo y por los ecosistemas afectados?
La población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad. Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas, protegidas e informadas. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con verdad, transparencia, remediación y reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades.
Exigimos al Grupo Interinstitucional conformado por Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que informen públicamente y sin evasivas:
1. Desde cuándo conocían el vertido, qué ocurrió en febrero sobre el ducto OLD AK C y qué acciones tomaron desde ese momento.
2. Qué infraestructura, empresa o entidad identifican como responsable, con qué sustento técnico y cómo harán efectivo el principio de que quien contamina paga.
3. Qué documentos generaron conforme al PNC, incluido el aviso inmediato, la evaluación del incidente, la modelación de trayectoria, los mapas de áreas sensibles y los escenarios de riesgo.
4. Qué medidas concretas de contención, restauración, monitoreo, indemnización y reparación integral se aplicarán en costas, manglares, lagunas, arrecifes y comunidades afectadas.
5. Qué estudios de impacto ambiental se han ya realizado; y
6. Si ya se iniciaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables.
Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y en riesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió.
Organizaciones firmantes: Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos del Río San Rodrigo, CartoCrítica, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Conexiones Climáticas, CORASON Defensa del Territorio, Engenera AC, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Geocomunes, Greenpeace México, A.C. Leave it in the Ground Initiative (LINGO), Nuestro Futuro A.C., RG - Asesoría Legal, Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C. y Wildlands Network Programa México.
Fuente: Greenpeace México
