Trabajadores afiliados al Sindicato Estatal de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) tomaron nuevamente las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en Xalapa, para exigir el cumplimiento de laudos y resoluciones judiciales que reconocen derechos laborales pendientes de ejecución.
“Porque las mesas de trabajo que se habían acordado, la última definitiva, nos cortaron de una forma muy arbitraria y grosera, se podría decir, porque nos dijeron que ya no tenía caso que se pudiera realizar una fecha para seguir con las negociaciones”, afirmó.
Los manifestantes colocaron una manta en el acceso principal de la dependencia y reiteraron su exigencia para que se aplique la clave sindical 135 a trabajadores beneficiados por resoluciones judiciales firmes.
“El día viernes se publicó la convocatoria para acceder a las becas de los hijos de los compañeros para estudiantes y uno de los requisitos es que tengan la aplicación de la clave sindical”, indicó.
Añadió que la demanda fue expuesta a la gobernadora Rocío Nahle García, junto con las resoluciones emitidas por tribunales federales que, de acuerdo con el sindicato, obligan a la autoridad a otorgar dicha clave.
El dirigente sindical sostuvo que los trabajadores involucrados han obtenido resoluciones favorables en tribunales laborales y federales, entre ellas laudos y amparos relacionados con el reconocimiento como trabajadores de base, la asignación de nombramientos definitivos y su incorporación al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
“Ya ellos ganaron dos laudos y dos amparos referentes al respeto de sus derechos, como son el reconocimiento como trabajadores de base, a tener un nombramiento definitivo y ser incorporados al Instituto de Pensiones”, señaló.
De acuerdo con el SEPEV, en la SIOP son 38 trabajadores los que continúan en espera de la ejecución de sentencias, mientras que en distintas dependencias del Poder Ejecutivo la cifra supera los 200 empleados.
El sindicato informó que mantendrá las acciones de protesta hasta que las autoridades estatales retomen el diálogo y den cumplimiento a las resoluciones judiciales que reconocen los derechos laborales de los trabajadores involucrados.
