La entrada en vigor del nuevo delito de acoso o acecho en el Código Penal de Veracruz ha generado opiniones divididas entre especialistas en derecho: mientras algunos reconocen que busca proteger a personas víctimas de persecución o vigilancia constante, otros advierten que la redacción podría dejar espacios para interpretaciones arbitrarias e incluso afectar derechos como la libertad de expresión.
Durante un análisis del tema, abogados penalistas señalaron que la intención de sancionar conductas que alteran la tranquilidad y seguridad de las personas es positiva, pero cuestionaron que algunos conceptos de la nueva figura jurídica no están claramente definidos.
La abogada Graciela Pérez de León explicó que el origen de esta figura está relacionado con casos de personas que sufrían persecución constante sin que existiera una herramienta legal para actuar.
“La intención original de la Ley Valeria fue que esta persona iba y denunciaba y no había modo de hacerle nada. Finalmente, ¿qué daño le provocó? Quitarle la paz”, señaló.
Explicó que el nuevo delito busca atender situaciones donde una persona es vigilada, perseguida o buscada insistentemente sin consentimiento, pero consideró que existen elementos que deberán ser precisados para evitar problemas en su aplicación.
“Hay muchas cuestiones finas que yo creo que al legislador su técnica no le alcanzó para delimitar perfectamente”, afirmó.
Entre los puntos que generan dudas, mencionó cómo se comprobará que una conducta estaba realmente orientada a establecer contacto con una víctima y no se trataba de una coincidencia o una actividad legítima.
“¿Cómo va a demostrar el Ministerio Público que esos actos estaban encaminados a establecer contacto con la víctima?”, cuestionó.
¿Podría afectar a periodistas o ciudadanos?
Uno de los principales debates surgió alrededor de la posibilidad de que esta figura sea utilizada contra periodistas, investigadores o personas que realizan actividades legales pero que implican acercamientos constantes.
El abogado Lázaro Montalvo señaló que la falta de excepciones específicas dentro de la ley podría generar problemas para actividades como las entrevistas periodísticas.
“La ley no contiene una excepción para la labor periodística. Al ser tan ambigua y tan general, no especifica qué actividad pudiera estar fuera de este delito”, explicó.
Agregó que una entrevista de banqueta o la espera de un funcionario para obtener una declaración podrían entrar en una zona de interpretación si no se delimitan claramente los alcances del delito.
“Un periodista obviamente sigue a un funcionario público, espera declaraciones, espera entrevistas. ¿Esto se podría denunciar como acecho? Pues de alguna manera sí, porque la ley no hace esa excepción”, indicó.
El reto será demostrar la intención y el daño
Los especialistas coincidieron en que uno de los mayores desafíos será acreditar elementos como la intención de causar daño, la afectación emocional o el riesgo generado a la víctima.
El abogado Tomás Mundo señaló que no basta con que una persona se encuentre en un lugar público para considerar que existe acecho.
“El tema toral va a ser ese: ¿cómo demuestra la fiscalía que te estaba queriendo hacer daño con ese acecho?”, planteó.
Advirtió que podrían surgir casos donde una persona sea señalada únicamente por encontrarse en determinado lugar, sin que exista una intención de afectar a alguien.
“No lo quieran convertir en prisión preventiva. El riesgo enorme es que sigan llenando las cárceles por delitos de bagatela”, alertó.
Especialistas piden una aplicación responsable
El abogado Arturo Nicolás Baltazar consideró que el nuevo delito responde a una problemática real, pero criticó que algunas reformas penales se aprueben sin una estrategia integral para aplicarlas.
“Estamos viviendo una época que se denomina populismo punitivo. No puedes crear un tipo penal solamente por una ocurrencia”, expresó.
Afirmó que aunque la finalidad de proteger a mujeres y víctimas de violencia es válida, la redacción actual podría provocar que el delito no se aplique correctamente o que sea utilizado como una herramienta de presión contra ciudadanos.
“El riesgo es que se termine utilizando como un instrumento o un arma en contra de los ciudadanos”, señaló.
También alertó sobre el impacto de las redes sociales en casos donde una persona puede ser señalada públicamente antes de que exista una investigación concluida.
“Una persona falsamente denunciada puede ser señalada; el Ministerio Público ni siquiera termina la investigación, pero en redes sociales ya fue juzgada, sentenciada y crucificada”, afirmó.
Los abogados coincidieron en que será fundamental que las fiscalías cuenten con capacitación, personal especializado y criterios claros para evitar interpretaciones excesivas y garantizar tanto la protección de víctimas como el respeto al debido proceso.
