El gobierno de México analiza comprar el Centro de Detención de Alta Seguridad de Papantla para concluir su construcción y ponerlo en funcionamiento, luego de que el proyecto acumulara años de retrasos y una inversión superior a los 10 mil millones de pesos sin recibir personas privadas de la libertad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el viernes 23 de octubre que instruyó a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, a revisar los recursos destinados a la obra y determinar cuánto costaría adquirirla.
La propuesta todavía no se concreta. Antes de tomar una decisión, el gobierno federal deberá conocer el valor actual del inmueble, cuánto se ha pagado durante las administraciones anteriores, qué trabajos faltan y cuáles son las condiciones del contrato con la empresa responsable.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la intención es aprovechar una infraestructura que presenta cerca de 90 por ciento de avance y concluirla bajo un esquema distinto al utilizado originalmente.
El complejo fue desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), mediante el cual una empresa privada participa en la construcción y prestación de servicios durante un periodo establecido, mientras el gobierno realiza pagos conforme al contrato.
La presidenta señaló que este tipo de acuerdos implicaba costos elevados para el Estado y recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se renegociaron contratos de otros centros penitenciarios, con reducciones en los pagos.
Para el caso de Papantla, la administración federal pretende revisar las condiciones financieras y negociar con la empresa encargada para determinar si resulta viable adquirir el inmueble y terminarlo sin mantener el esquema original.
“Lo que nosotros queremos es adquirirlo”, expresó Sheinbaum al referirse al avance de la construcción.
La mandataria sostuvo que la intención es utilizar las instalaciones bajo un modelo diferente al de las antiguas asociaciones público-privadas. Sin embargo, no presentó un monto de compra ni una fecha para la apertura del centro.
El penal de Papantla forma parte de los proyectos penitenciarios que han atravesado distintas administraciones sin entrar en funcionamiento.
En marzo de 2024, el gobierno federal informó que se habían destinado más de 10 mil millones de pesos a la construcción, pese a que el complejo seguía inconcluso.
La Cuenta Pública 2024 reportó un valor presente contractual de aproximadamente 15 mil 817 millones de pesos para el proyecto. Esta cifra corresponde al valor del contrato y no debe confundirse con el monto que el Gobierno tendría que pagar actualmente para comprar las instalaciones.
Por ello, la revisión anunciada por Sheinbaum deberá establecer cuánto dinero se ha desembolsado, qué obligaciones siguen vigentes y cuánto costaría concluir los trabajos pendientes.
Hasta el 24 de octubre de 2026, el gobierno federal no ha anunciado una fecha para la apertura del centro penitenciario.
La eventual operación dependerá de que se concrete la compra, se definan las condiciones jurídicas y financieras, se concluyan las áreas pendientes y se determine el presupuesto necesario para su funcionamiento.
La posible adquisición también se plantea en un contexto de presión sobre el sistema penitenciario mexicano por el crecimiento de la población recluida y la necesidad de ampliar la infraestructura de seguridad.
Para Veracruz, la conclusión del penal permitiría aprovechar una obra de gran escala que permanece sin prestar servicio. No obstante, el costo real de la operación y las inversiones adicionales serán fundamentales para determinar si la compra representa una alternativa conveniente para el gobierno federal, en beneficio de los mexicanos, o todo lo contrario.
