Movimiento Ciudadano solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar cinco contratos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, que en conjunto superan los 450 millones de pesos, además de revisar posibles conflictos de interés y dar seguimiento a denuncias relacionadas con el desempeño de consejeros electorales.
La petición fue presentada por el representante de MC ante el Consejo General del INE, Juan Manuel Ramírez Velasco, durante la sesión ordinaria del jueves 29 de octubre, en el apartado de asuntos generales.
Durante su intervención, el representante partidista señaló que los contratos involucran a las empresas Litho Formas y Cajas Graf. Precisó que dos de las adjudicaciones corresponden a 2025 y suman más de 282 millones de pesos; ambas fueron firmadas por Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del OPLE Veracruz.
El emecista pidió esclarecer cómo fueron seleccionados los proveedores, de qué manera se justificaron los precios y qué controles se aplicaron para prevenir posibles conflictos de interés en el manejo de los recursos públicos.
También solicitó obtener los documentos notariales relacionados con un poder registrado a nombre de Reyes Rocha para actuar en representación de Cajas Graf, a fin de determinar quién lo otorgó, si fue utilizado y si existió algún conflicto de interés.
Sobre este señalamiento, Ramírez Velasco recordó que el funcionario primero atribuyó el registro a un homónimo y posteriormente mencionó una posible suplantación de identidad, por lo que consideró necesario esclarecer el caso mediante una investigación documental.
MC reclama resultados por denuncias en Poza Rica y Papantla
Durante la misma intervención, el representante de Movimiento Ciudadano recordó que su partido presentó denuncias por presuntas irregularidades en los cómputos electorales de Poza Rica y Papantla.
Además, mencionó que el coordinador estatal de MC, Luis Carbonell, denunció una presunta protección a funcionarios del organismo electoral y pidió que estos señalamientos tengan una respuesta institucional.
Ramírez Velasco sostuvo que ya transcurrió un año desde la presentación de las denuncias sin que su partido conozca resultados, por lo que pidió al Consejo General del INE dar seguimiento a los procedimientos de remoción promovidos contra consejeros electorales del OPLE.
Entre las solicitudes planteadas también se encuentra remitir la documentación sobre las contrataciones al Órgano Interno de Control del organismo electoral veracruzano para que determine las auditorías e investigaciones correspondientes.
Asimismo, pidió dar vista al órgano de control del INE por las posibles responsabilidades que pudieran involucrar a funcionarios o exfuncionarios, conservar íntegros los expedientes y permitir su consulta mediante versiones públicas.
En respuesta, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona explicó que el INE no cuenta con atribuciones para fiscalizar directamente las finanzas de los organismos electorales locales.
Señaló que la revisión del uso de esos recursos corresponde a las auditorías estatales, eventualmente a la Auditoría Superior de la Federación o a los órganos internos de control de los propios organismos.
El consejero también mencionó que existe una concentración de proveedores de boletas y materiales electorales, pero aclaró que la existencia de contratos con esas empresas en distintos organismos electorales no significa que cada adjudicación constituya una irregularidad.
Ante esa explicación, Ramírez Velasco aclaró que MC no estaba solicitando que el INE interviniera directamente las finanzas del OPLE, sino que revisara la actuación de sus consejeros electorales, particularmente por su responsabilidad en la designación del secretario ejecutivo y el posible conocimiento de los señalamientos relacionados con los contratos.
El representante sostuvo que el Consejo General sí tiene facultades para investigar y, en su caso, remover a consejeros electorales locales, por lo que pidió revisar si conocían el registro del poder a nombre de Reyes Rocha y por qué se autorizaron las contrataciones.
Finalmente, Espadas Ancona respondió que, ante una denuncia, el INE procederá con las investigaciones hasta donde alcancen sus facultades.
El consejero precisó que la administración de los organismos electorales locales recae en sus respectivas estructuras ejecutivas y que los consejeros no participan directamente en la gestión de todos los contratos.
La discusión quedó asentada en la versión estenográfica de la sesión del Consejo General del INE del 29 de octubre. La petición de Movimiento Ciudadano busca que las autoridades competentes esclarezcan los señalamientos y determinen si existen responsabilidades administrativas o legales.
