Madrid.- El Tribunal Supremo español ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El alto tribunal adelantó este jueves el fallo tras un inédito juicio que sentó por primera vez en el banquillo al responsable del Ministerio Público español.
Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.
La resolución, según ha adelantado el Supremo, impondrá también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.
A falta de conocer los argumentos, cinco de los siete magistrados han considerado que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.
El Gobierno ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Supremo aunque no la comparte y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.
Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones tras conocer la decisión del Alto Tribunal. A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno insiste en su respeto a la justicia pese a no compartir el fallo.
Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.
De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
EFE
