Una excontratista del Ejército de Estados Unidos, Courtney Williams, acusada de divulgar información clasificada sobre una unidad militar de élite, enfrentará su proceso judicial en libertad bajo arresto domiciliario, luego de que un juez federal así lo determinara.
De acuerdo con información de la agencia AP, la mujer de 40 años enfrenta cuatro cargos por comunicación y divulgación de información de defensa nacional relacionada con una unidad especial ubicada en Fort Bragg, donde trabajó previamente como civil.
El juez Brian Meyers autorizó su liberación bajo estrictas condiciones, entre ellas monitoreo electrónico y la prohibición de tener contacto con medios de comunicación o utilizar redes sociales.
Según el gobierno estadounidense, las presuntas filtraciones incluyen identidades encubiertas, tácticas militares utilizadas en misiones secretas y nombres reales de personal asignado a la unidad, así como detalles de operaciones en el extranjero. Autoridades han advertido que estas revelaciones podrían poner en riesgo a soldados y aliados.
Cada uno de los cargos podría implicar hasta 10 años de prisión, además de sanciones económicas.
Documentos judiciales señalan que Williams trabajó como contratista de defensa desde 2010 y posteriormente fue empleada del Departamento de Defensa hasta 2016, con acceso a información clasificada de alto nivel.
El caso también involucra al periodista Seth Harp, con quien la acusada habría mantenido comunicación entre 2022 y 2025 mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. Las fechas coinciden con la publicación de un artículo y un libro sobre la unidad de élite, en los que se denuncian presuntas irregularidades internas, detalladas en el libro "The Fort Bragg Cartel".
Harp ha defendido públicamente a Williams y la ha descrito como una denunciante que buscaba exponer abusos dentro de la corporación militar. Según el periodista, la excontratista habría sufrido durante años “acoso sexual feroz” mientras trabajaba proporcionando documentos como pasaportes, licencias de conducir y tarjetas de crédito a tropas de operaciones especiales, lo que les permitía desplegarse en el extranjero sin ser detectadas. Afirmó que Williams presentó una queja formal ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y que alcanzó un acuerdo.
En mensajes recientes, Harp también sostuvo que la acusación es injusta y cuestionó al Departamento de Justicia de Estados Unidos por no detallar qué información clasificada habría sido filtrada. Incluso planteó si las denuncias sobre acoso y discriminación dentro de la unidad militar forman parte de los hechos que se intentan mantener en secreto.
No obstante, la acusación sostiene que la excontratista firmó acuerdos de confidencialidad y tenía pleno conocimiento de la naturaleza clasificada de la información.
Incluso, según una declaración jurada citada por AP, Williams expresó en mensajes su preocupación por la difusión de datos sensibles y reconoció la posibilidad de ser arrestada por estas acciones.
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