El régimen encabezado por Daniel Ortega impulsa una nueva reforma constitucional que plantea ampliar el periodo presidencial de seis a siete años y endurecer las restricciones para la participación de la oposición política, en un contexto en el que las autoridades han sostenido públicamente que en el país "no habrá más elecciones" como las realizadas en el pasado.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, informó que la iniciativa busca modificar la duración del mandato del presidente y de otras autoridades de elección nacional, consolidando un periodo de gobierno más prolongado. La propuesta forma parte de una serie de cambios institucionales promovidos por el oficialismo desde que el Frente Sandinista fortaleció su control sobre los poderes del Estado.
Además de extender el mandato presidencial, la reforma contempla mayores limitaciones para los partidos y actores políticos opositores, quienes en los últimos años han denunciado persecución, cancelación de organizaciones, detenciones, exilios y restricciones para participar en procesos electorales.
Las declaraciones de funcionarios del gobierno, en las que aseguran que en Nicaragua ya no habrá elecciones bajo el esquema tradicional, han generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y de la democracia, que advierten sobre un mayor cierre de los espacios políticos en el país.
Analistas consideran que las modificaciones fortalecerían el control del Ejecutivo sobre las instituciones y reducirían aún más las posibilidades de competencia política, en un escenario marcado por las críticas de diversos organismos internacionales sobre el estado de las libertades civiles y políticas en Nicaragua.
La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo mantiene una amplia mayoría, lo que facilitaría su eventual aprobación.
Con estas reformas, el gobierno de Daniel Ortega continúa impulsando cambios que, de concretarse, redefinirían el sistema político nicaragüense y ampliarían el periodo de permanencia en el poder de las autoridades electas, mientras persisten los cuestionamientos de la comunidad internacional sobre las condiciones democráticas en el país.
