Estados Unidos amplió su política de presión contra Cuba con nuevas sanciones dirigidas contra tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas, medidas que fueron difundidas ampliamente este viernes. Se trata de empresas estatales relacionadas con sectores que van desde la siderurgia y la minería hasta el comercio exterior, el turismo, el transporte y la contratación de trabajadores.
El nuevo paquete afecta a empresas vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos minería, metalurgia, construcción y comercio exterior, además de integrantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
La decisión forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para incrementar la presión económica y política sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Entre los funcionarios incluidos en las nuevas medidas se encuentran representantes de alto nivel del ICAP. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a esta organización de utilizar intercambios culturales y educativos para promover actividades de influencia y una supuesta red de carácter subversivo en territorio estadounidense.
Las sanciones también alcanzan al Ministerio de la Construcción de Cuba y a empresas estatales relacionadas con las industrias minera y metalúrgica.
Con estas medidas, Washington busca limitar el acceso de las entidades sancionadas al sistema financiero estadounidense y restringir las operaciones que involucren intereses sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
El gobierno cubano rechazó las medidas y acusó a Washington de buscar un mayor deterioro de la economía de la isla.
El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó este viernes que Cuba enfrentará las nuevas medidas y aseguró que el país saldrá victorioso frente al bloqueo estadounidense.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las sanciones como parte de una política de presión que, según La Habana, afecta las posibilidades de importar bienes y garantizar servicios esenciales.
Las nuevas sanciones llegan mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, marcada por apagones, escasez de combustible y dificultades para mantener servicios y actividades productivas.
Las medidas se suman a otros paquetes de sanciones anunciados por Washington durante 2026. En mayo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las facultades para imponer sanciones relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana y determinadas operaciones con entidades vinculadas al gobierno de La Habana.
Con la nueva ronda de sanciones, Estados Unidos mantiene su ofensiva económica contra Cuba, mientras el gobierno de Díaz-Canel enfrenta una creciente presión internacional y una severa crisis interna.
