La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que amplía de seis a siete años el periodo presidencial, una modificación impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante una sesión celebrada en León y todavía requiere una segunda aprobación para completar el proceso legislativo. La reforma también contempla cambios que restringen la participación de determinados opositores en cargos de elección popular.
Luego de que el Parlamento nicaragüense aprobó en primera votación ampliar de seis a siete años el mandato presidencial, con lo que el periodo de Ortega y Rosario Murillo se extendería y las elecciones previstas para 2026 serían pospuestas.
El cambio modifica nuevamente la duración de los mandatos en Nicaragua. En 2025, el periodo presidencial había pasado de cinco a seis años, mientras que la nueva propuesta lo lleva a siete años.
La reforma ocurre en un contexto de creciente concentración del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proyecto contempla que los periodos puedan ser renovables, una disposición que ha generado críticas de sectores opositores y organismos internacionales.
Además, la modificación constitucional establece restricciones para quienes sean considerados “traidores a la patria” o estén vinculados, según las autoridades, con acciones calificadas como intentos de golpe de Estado. Organizaciones opositoras advierten que estas disposiciones podrían utilizarse para impedir la participación de adversarios políticos.
La reforma también impacta el calendario político nicaragüense. Las elecciones que estaban previstas para noviembre de 2026 serían aplazadas hasta 2028, de acuerdo con reportes sobre el alcance de los cambios aprobados por el Parlamento.
Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 de manera consecutiva, ha cuestionado públicamente la celebración de nuevos procesos electorales que puedan permitir el regreso de la oposición al poder.
La decisión coloca nuevamente a Nicaragua en el centro de la atención internacional y podría incrementar las presiones diplomáticas sobre el gobierno de Ortega y Murillo.
Daniel Ortega lleva casi 20 años consecutivos en el poder en Nicaragua.
