El representante mexicano Alejandro Encinas rechazó que la crisis nicaragüense sea considerada un asunto de seguridad hemisférica y pidió privilegiar el diálogo y la cooperación.
México no acompañó la resolución aprobada este viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua, mediante la cual se exige al gobierno de ese país restablecer el orden democrático, liberar a presos políticos y generar condiciones para celebrar elecciones libres e inclusivas.
Durante la sesión, el representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, señaló que el país no está de acuerdo con considerar la situación de Nicaragua como un asunto que represente un riesgo para la seguridad hemisférica.
Indicó que México tampoco respaldará procesos que puedan convertir una problemática de derechos humanos en un tema de seguridad, además de rechazar cualquier intento de intervención extranjera en Nicaragua.
La resolución de la OEA solicita a las autoridades nicaragüenses adoptar medidas inmediatas y verificables, entre ellas la liberación de personas detenidas por motivos políticos y la información sobre el paradero de personas sujetas a desaparición forzada.
También plantea restituir la nacionalidad y derechos civiles a ciudadanos que hayan sido despojados de ellos, así como garantizar las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica.
El documento demanda además restablecer la independencia de las instituciones y el pluralismo político, así como crear condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y competitivas, con una administración electoral independiente y observación internacional.
La OEA también pidió mecanismos para la restitución o compensación de propiedades confiscadas de manera arbitraria y el cese de actividades de vigilancia y represión interna apoyadas mediante tecnologías o servicios de seguridad extranjeros.
Como mecanismo de seguimiento, la resolución contempla la creación de un Grupo Ministerial que buscará dialogar con las autoridades nicaragüenses, la oposición, organizaciones de la sociedad civil y personas exiliadas.
El grupo tendrá un plazo máximo de 60 días para presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas, sin contemplar el uso de la fuerza.
Fuente: Aristegui Noticias
