Movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas y derivaron en saqueos, incendios y más de mil 800 detenciones; analista advierte que la crisis podría favorecer a la extrema derecha.
Las protestas contra el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las deficiencias educativas han aumentado la presión política sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de una jornada de disturbios que dejó cientos de heridos y miles de detenidos.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior francés, alrededor de 550 mil personas participaron en las movilizaciones del sábado 17 de octubre, mientras que los organizadores calcularon una asistencia de 800 mil. Las autoridades reportaron mil 800 detenciones y más de 500 policías, bomberos y paramédicos lesionados.
En entrevista para XEU Noticias, el internacionalista Joel Peña explicó que las manifestaciones comenzaron con estudiantes que denunciaban la falta de profesores, el deterioro de las instalaciones escolares y problemas relacionados con los horarios y las oportunidades educativas.
Posteriormente, las movilizaciones incorporaron demandas por el aumento de los precios, los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo, con la participación de sindicatos, trabajadores, campesinos y sectores vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos.
Aunque buena parte de las concentraciones transcurrió de manera pacífica, en distintas ciudades se registraron saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos. Uno de los hechos más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio devastó gran parte del ayuntamiento histórico.
El analista señaló que es necesario distinguir entre las manifestaciones pacíficas y los actos violentos, pues estos últimos pueden desviar la atención de las demandas sociales que originaron las protestas.
Peña consideró que la crisis debilita a Macron, quien ha enfrentado diversos episodios de descontento durante sus mandatos, además de cuestionamientos de la oposición y dificultades para mantener el respaldo político.
El presidente condenó los actos violentos y sostuvo que sus responsables deberán responder ante la justicia. Al mismo tiempo, reconoció la legitimidad de las demandas sociales y llamó a distinguir entre quienes se manifiestan pacíficamente y quienes participan en saqueos y actos de destrucción.
El internacionalista advirtió que el descontento podría beneficiar a partidos de los extremos políticos, particularmente a la extrema derecha, que ha aprovechado la crisis para cuestionar al gobierno y promover discursos nacionalistas y antimigratorios.
En ese contexto, también señaló que las declaraciones atribuidas al presidente estadounidense Donald Trump, en las que relacionó los disturbios con la migración, contribuyen a desplazar la discusión de los problemas económicos y educativos hacia la confrontación por el origen o la religión de las personas.
Peña agregó que las movilizaciones reflejan preocupaciones compartidas en otros países europeos, entre ellos Bélgica, Italia, Portugal y España, donde también se han registrado protestas relacionadas con los costos educativos, el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo y la calidad de los servicios públicos.
Aclaró que estos acontecimientos no necesariamente forman parte de un movimiento coordinado, aunque sí muestran el malestar de distintos sectores ante las dificultades económicas y sociales.
El especialista consideró que el principal desafío para los gobiernos europeos será atender las demandas ciudadanas sin restringir los derechos fundamentales, al tiempo que garantizan la seguridad y evitan que los actos violentos opaquen las causas de las manifestaciones.
mb
