Miles protestan tras el cierre de Ueno Bank en Paraguay, lo cual abrió un frente de tensión para el presidente Santiago Peña, luego de que la oposición solicitara iniciar un juicio político en su contra por sus presuntos vínculos con el grupo propietario de la institución financiera.
La crisis bancaria afecta a cerca de tres millones de clientes y puso bajo escrutinio el manejo de recursos públicos que administraba la entidad, cuyo monto habría alcanzado los 850 millones de dólares, según cifras atribuidas al propio banco.
El caso también generó preocupación por los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, de acuerdo con reportes de medios internacionales.
Los cuestionamientos contra Peña se relacionan con su anterior participación accionaria en Grupo Vázquez, conglomerado propietario de la institución financiera. El mandatario habría mantenido esa participación hasta marzo de 2025.
A partir de estos antecedentes, legisladores de oposición señalaron posibles conflictos de intereses y cuestionaron la actuación de las autoridades responsables de supervisar las operaciones del banco.
El miércoles 4 de noviembre, 35 diputados opositores presentaron una solicitud para convocar a una sesión extraordinaria y discutir el inicio de un juicio político contra el presidente paraguayo.
Entre los señalamientos incluidos en la acusación figuran presuntas irregularidades en el manejo de fondos previsionales, posibles conflictos de intereses y cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones encargadas de vigilar al banco.
Para que el procedimiento avance en la Cámara de Diputados se requieren 53 votos. En caso de superar esa etapa, el Senado tendría que analizar y resolver el juicio político.
La intervención de Ueno Bank también provocó movimientos dentro de las autoridades financieras paraguayas, en medio de las investigaciones sobre la situación de la institución y el destino de los recursos administrados.
El cierre de Ueno Bank en Paraguay, que afectó a cerca de tres millones de clientes y abrió una crisis política para el presidente Santiago Peña, también plantea una pregunta para México: ¿podría ocurrir una situación similar en el sistema bancario mexicano?
La crisis paraguaya puso bajo escrutinio a la institución financiera por los recursos públicos que administraba, estimados en hasta 850 millones de dólares, así como por los presuntos vínculos empresariales de Peña con el grupo propietario del banco.
El caso escaló al terreno político luego de que legisladores de oposición solicitaran iniciar un juicio político contra el mandatario, al señalar posibles conflictos de intereses y cuestionar la actuación de las autoridades financieras.
En México, un escenario de este tipo también podría presentarse si una institución bancaria enfrenta problemas de solvencia, incumple las disposiciones financieras o pierde las condiciones necesarias para continuar operando.
Sin embargo, el país cuenta con mecanismos legales para intervenir instituciones bancarias, proteger determinados depósitos y atender los procesos de liquidación.
En México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza los depósitos bancarios hasta por 400 mil UDIS por persona y por institución financiera.
Esta protección aplica a determinados depósitos, como cuentas de ahorro, cuentas de cheques y depósitos a plazo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
Por ello, si un banco mexicano cerrara por problemas financieros, los ahorradores tendrían derecho a recibir la protección correspondiente dentro de los límites legales. Los recursos que superen esa cantidad podrían reclamarse mediante el procedimiento de liquidación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el IPAB tienen distintas responsabilidades en la supervisión, regulación y atención de una eventual crisis bancaria.
El país cuenta con un antecedente reciente: el caso de CIBanco, cuya autorización para operar como institución de banca múltiple fue revocada por la CNBV en octubre de 2025.
La institución entró en un proceso de liquidación y el IPAB puso en marcha los mecanismos correspondientes para atender los depósitos protegidos.
Este caso demuestra que en México sí puede ocurrir el cierre de una institución bancaria y que existen procedimientos para proteger a los ahorradores, aunque las consecuencias dependen de las características de cada institución y de sus operaciones.
Cierre del Ueno Bank en Paraguay deja 3 millones de afectados y pone en jaque al presidente Santiago Peña El banco administraba hasta 850 millones de dólares en fondos públicos, según sus propias cifras. La oposición pide un juicio político contra el mandatario paraguayo y cuestiona sus vínculos con el grupo propietario del banco. /mpw
— DW Español (@dw_espanol) November 5, 2026
La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes que exigían la dimisión del presidente paraguayo Santiago Peña tras el cierre repentino del Banco Ueno, dejando a los clientes sin acceso a sus fondos. La medida implica el cierre de todas las sucursales físicas y la congelación de todas las operaciones digitales, incluidos los retiros y las transferencias. Video: APTN
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 5, 2026
