La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, consideró que las herencias y los legados deberían pagar impuestos y manifestó su desacuerdo con la decisión de la mayoría del Pleno de exentar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de trabajadores fallecidos.
En un artículo publicado este domingo, Batres afirmó que la resolución aprobada por la Corte amplía una exención fiscal que, a su juicio, no está contemplada en la legislación vigente.
La ministra explicó que el debate surgió a partir de una contradicción de criterios sobre el tratamiento fiscal de los recursos acumulados en las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro cuando son entregados a los beneficiarios tras el fallecimiento del trabajador.
Recordó que la Ley del ISR establece una exención para las herencias y los legados, mientras que en el caso de las Afores únicamente contempla beneficios fiscales hasta ciertos montos.
Sin embargo, la mayoría de los ministros determinó que esos recursos pueden recibir el mismo tratamiento que una herencia, por lo que no deben pagar ISR.
"El pleno decidió considerar que cualquier retiro proveniente de una Afore por fallecimiento del trabajador es equiparable a una herencia o legado y, por tanto, queda exento del impuesto", señaló Batres.
La ministra aprovechó el caso para abrir un debate sobre la tributación de las herencias en México.
Recordó que el país contó durante décadas con impuestos aplicables a herencias y legados, los cuales fueron eliminados en 1961, y destacó que actualmente 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen este tipo de gravámenes.
Según Batres, cobrar impuestos sobre estos recursos contribuiría a disminuir la concentración de la riqueza.
"El único mecanismo de redistribución de la riqueza es el pago de impuestos", sostuvo.
La discusión en la Corte se originó por un proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien proponía establecer como criterio obligatorio que los recursos de las Afores entregados a beneficiarios sí debían pagar ISR, al tratarse de una prestación derivada de la legislación de seguridad social y no de una herencia.
El proyecto fue rechazado por seis votos contra tres.
A favor votaron Sara Irene Herrerías, Lenia Batres y María Estela Ríos González. El ministro Giovanni Figueroa Mejía inicialmente respaldó la propuesta, aunque posteriormente cambió el sentido de su voto.
Tras la decisión, el expediente fue turnado nuevamente a Figueroa para elaborar un nuevo proyecto conforme al criterio de la mayoría.
Durante la discusión, Batres sostuvo que la Suprema Corte no debe crear beneficios fiscales que no estén previstos por el Congreso.
"Lo injusto es que no se graven las herencias y los legados. En ambos casos una persona recibe un patrimonio que no proviene de su propio esfuerzo y eso reproduce desigualdades sociales", argumentó.
En el mismo sentido, la ministra María Estela Ríos afirmó que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo definir qué ingresos están exentos del pago de impuestos y no a la Suprema Corte modificar ese régimen mediante interpretaciones judiciales.
Entre quienes rechazaron el proyecto destacó el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien sostuvo que sería contradictorio gravar los recursos acumulados en una Afore mientras las herencias, incluso millonarias, permanecen libres de impuestos.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que los recursos pertenecen originalmente al trabajador y, tras su fallecimiento, deben entregarse a sus beneficiarios con un tratamiento similar al de un legado.
El ministro Irving Espinosa Betanzo coincidió en que cobrar ISR sobre esos recursos generaría una carga injustificada para las familias de los trabajadores fallecidos.
Con esta resolución, la Suprema Corte dejó sin efecto la propuesta de establecer jurisprudencia para cobrar ISR sobre los recursos de las Afores entregados a beneficiarios y abrió un debate que, según algunas ministras, deberá resolverse en el Congreso mediante una eventual reforma fiscal.
