La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y en fast track diversas reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de proteger a más de 40 millones de usuarios frente a cobros indebidos y abusos de bancos y comercios en la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito.
La iniciativa, presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue avalada con 467 votos a favor, sin pasar por comisiones ni dictamen previo, y se envió al Senado de la República para su análisis y votación.
Principales cambios aprobados:
Las reformas incorporan siete disposiciones clave que fortalecen la transparencia, el consentimiento informado y el derecho de los usuarios a cancelar sus productos financieros sin penalización:
Las instituciones financieras y comerciales no podrán aplicar comisiones, cargos o servicios adicionales que no hayan sido expresamente autorizados por el usuario en el contrato de adhesión.
Ningún cargo o comisión podrá generarse sin el consentimiento expreso del cliente, y este deberá acreditarse por escrito o mediante medios digitales seguros.
Los emisores de tarjetas de crédito y débito deberán proporcionar información clara y suficiente sobre costos, comisiones y condiciones del producto, conforme a los principios de buena fe y protección al usuario.
Los bancos estarán obligados a ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para cancelar tarjetas. En plataformas y aplicaciones deberá existir un botón visible y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
La cancelación de una tarjeta deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles, sin cobros, comisiones ni penalizaciones. El usuario recibirá una constancia física o digital que certifique el fin del contrato.
Será nula la emisión de tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso de la persona usuaria, y no será necesario cancelarlas, pues se considerarán inválidas desde su origen.
Las entidades financieras no podrán cobrar anualidades, comisiones ni reportar al Buró de Crédito el comportamiento de una tarjeta no solicitada. Además, deberán reembolsar cargos indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas y de formular recomendaciones al Ejecutivo Federal para asegurar su aplicación.
Con estas modificaciones, la Cámara de Diputados busca cerrar el paso a las prácticas abusivas del sistema financiero y garantizar que los usuarios puedan ejercer plenamente sus derechos al contratar, usar o cancelar productos bancarios.
mb
