La reciente aprobación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles por parte del órgano regulador en telecomunicaciones confirma que sí será obligatorio vincular cada número de celular con la identidad legal de su titular, mediante la CURP.
En entrevista para XEU, José Flores Sosa, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, explicó que esta medida deriva de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada a mediados de este año, que obliga a las compañías de telefonía móvil a asociar cada línea —tanto de prepago como de pospago— con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona titular.
Los lineamientos obligan a las empresas a crear dos plataformas:
Plataforma de gestión de líneas, donde las personas podrán registrar, actualizar o dar de baja su número.
Plataforma de consulta, donde usuarios y titulares podrán verificar qué líneas están vinculadas a su identidad.
Aunque se aclara que no se recabarán datos biométricos, sí se exigirá una validación de identidad, un proceso que aún no queda del todo claro. Podría incluir el envío de fotografías de identificaciones o videos, como ocurre en trámites bancarios, pero no se ha definido un método obligatorio.
Los lineamientos establecen un tope de hasta 10 líneas móviles por persona física.
En el caso de personas morales o personas físicas con actividad empresarial, el número puede ser mayor, siempre que se presenten documentos como la constancia de situación fiscal y las identificaciones del representante legal.
La ley es explícita: si una línea no se vincula con una CURP, será cancelada por el proveedor.
Flores Sosa advierte que esta disposición es especialmente grave para:
comunidades rurales o indígenas sin fácil acceso a documentación,
personas adultas mayores o con baja alfabetización digital,
personas migrantes en situación irregular que no cuentan con credenciales oficiales.
Para estos grupos, la desconexión significaría perder un servicio vital de comunicación, navegación y seguridad durante desplazamientos.
Alertó que el registro en línea será un foco de atención para ciberdelincuentes, quienes podrían crear sitios falsos para recolectar CURPs o fotos de identificaciones.
Advirtió que las primeras semanas serán especialmente riesgosas para personas mayores o poco familiarizadas con procesos digitales.
9 de diciembre: entraron en vigor los lineamientos.
Próximos 30 días: las empresas deben habilitar la plataforma de gestión.
9 de enero: inicia el registro obligatorio para nuevas líneas.
9 de febrero: debería estar lista la plataforma de consulta.
En los meses siguientes, las telefónicas deberán enviar SMS informativos y, eventualmente, cancelar las líneas que no completen el registro.
Flores Sosa considera que sí, pues el registro obligatorio vulnera:
el derecho a la privacidad, al asociar identidad legal con actividad telefónica;
el derecho de acceso a tecnologías de información y comunicación, especialmente para grupos que carecen de documentos de identidad.
Además, señala que los lineamientos no definen claramente cómo y bajo qué condiciones las autoridades podrán acceder al registro, ni si será necesaria una orden judicial, lo que abre la puerta a usos indebidos o sin supervisión.
