Typhoon Offshore SAPI, empresa de servicios petroleros del sector costa afuera (offshore), enfrenta un escenario financiero y legal más complejo luego de que un juzgado federal rechazara su solicitud para acogerse al concurso mercantil, figura prevista para empresas en situación de insolvencia.
De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito de Concursos Mercantiles desechó la petición presentada el pasado 12 de diciembre. Hasta el momento, no se han dado a conocer los fundamentos jurídicos de la resolución.
La negativa implica que la compañía no podrá acceder a la suspensión de cobros ni a la protección contra embargos, herramientas clave que ofrece el concurso mercantil para facilitar procesos de reestructura y negociación con acreedores bajo supervisión judicial.
La decisión judicial ocurre en medio de un periodo crítico para la empresa. En septiembre pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró sus operaciones en Campeche por carecer de permisos de impacto ambiental. Un mes después, Typhoon Offshore informó la suspensión de actividades tras acumular 16 meses sin recibir pagos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El problema de adeudos por parte de la petrolera estatal ha impactado a múltiples proveedores del sector petrolero; sin embargo, en el caso de Typhoon Offshore, la prolongación de la falta de ingresos derivó en la paralización de operaciones y en la búsqueda de un blindaje legal que ahora le fue negado.
Con este fallo, la empresa queda expuesta a acciones de sus acreedores en un contexto marcado por la falta de liquidez, la incertidumbre sobre la recuperación de adeudos y un entorno legal adverso.
