Pese a operar con recursos públicos y haber sido presentado como un programa social para “democratizar” el precio del gas LP, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene en la opacidad el desempeño de Gas Bienestar, al negarse a transparentar datos financieros y operativos básicos.
En una respuesta a una solicitud de información, la petrolera rechazó revelar cuánto dinero público se ha invertido en la filial, su presupuesto anual, número de empleados, así como si registra pérdidas o ganancias. Pemex argumentó que difundir estos datos implicaría exponer información patrimonial, financiera, comercial y fiscal que podría afectar sus ventajas competitivas, aun cuando se trata de una empresa financiada con recursos del Estado y que opera en un mercado regulado.
La empresa sostuvo que Gas Bienestar es una filial de derecho privado y, por ello, no está sujeta a la Ley General de Transparencia, aunque reconoció que la información solicitada debería estar documentada conforme a la normatividad interna de Pemex. No obstante, decidió reservarla sin detallar por qué un programa social insignia debe manejarse con criterios de confidencialidad similares a los de una empresa privada.
Pemex también se amparó en el artículo 63 de la ley, que excluye a las filiales del carácter de entes paraestatales. La respuesta oficial no aclara si Gas Bienestar opera con pérdidas, cuántas rutas tiene activas, si cuenta con inventarios ni si el programa se encuentra en expansión o reducción.
Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno evalúa la posible desaparición de Gas Bienestar, al considerar que ya cumplió su objetivo de estabilizar el precio del gas LP.
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