El abogado electoral Víctor Díaz de Lerón señaló que el llamado Plan B electoral, impulsado tras no aprobarse una reforma más amplia, consiste principalmente en cambios administrativos y no en una transformación de fondo del sistema democrático.
“Más que una reforma electoral, podríamos definirla como una reforma administrativa”, explicó.
En entrevista para XEU, dijo que uno de los puntos clave —adelantar la revocación de mandato a 2027— no fue aprobado. Según detalló, esta propuesta podía desvirtuar la figura al convertirla en un ejercicio de ratificación que habría permitido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participar en la boleta.
“En realidad no se trataba de una revocación de mandato, sino de un ejercicio de ratificación”, advirtió.
El especialista destacó que la reforma incluye ajustes como límites presupuestales a congresos locales, topes salariales y cambios en la integración de ayuntamientos, particularmente en el número de regidurías.
“Es una reforma muy invasiva… desde el centro se trata de dictar cómo se deben de conformar los ayuntamientos”, señaló.
Advirtió que estas medidas podrían afectar el federalismo y la representación local, al no considerar la diversidad de los municipios del país.
Finalmente, subrayó que, sin la revocación, el país se encamina a una elección intermedia en 2027 que será una de las más grandes.
“Se nos viene la elección más grande nuevamente que hemos visto en el país”, concluyó.
