El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue señalado en versiones no oficiales de encabezar una presunta estructura financiera para el manejo irregular de recursos públicos por montos que superarían los mil millones de pesos.
De acuerdo con la información difundida, el esquema involucraría a empresas privadas y a un despacho jurídico vinculado a su familia, a través del cual —según los señalamientos— se habrían canalizado recursos provenientes de contratos del gobierno estatal.
Entre las firmas mencionadas se encuentran compañías proveedoras que habrían recibido pagos de distintas dependencias, incluyendo el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, para posteriormente transferir parte de esos recursos a otros intermediarios y, finalmente, al despacho señalado.
Las mismas versiones sostienen que, una vez concentrados los fondos, estos habrían sido dispersados hacia otras empresas y enviados a distintas jurisdicciones internacionales.
Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública oficial por parte de autoridades federales sobre la integración de una carpeta de investigación en contra del mandatario estatal. Tampoco se han dado a conocer imputaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República.
El gobierno de Nuevo León no ha emitido un posicionamiento detallado sobre estos señalamientos recientes.
Especialistas en materia legal advierten que, en casos de este tipo, es necesario acreditar con pruebas el origen ilícito de los recursos y la participación directa de los involucrados antes de que puedan configurarse delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso, de confirmarse, implicaría una investigación compleja por el número de empresas y montos señalados, así como por posibles transferencias internacionales.
