El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las investigaciones derivadas de los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información difundida este sábado 23 de mayo de 2026, el citatorio fue entregado al mandatario alrededor del mediodía.
"En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad", señaló la FGR a través de redes sociales.
Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.
— FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026
En el marco de las diligencias…
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos en una investigación relacionada con supuestas redes de colaboración con integrantes del crimen organizado.
Tras darse a conocer las acusaciones, el mandatario solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, mientras la FGR desarrolla las indagatorias correspondientes.
Entre los funcionarios señalados también se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador de Morena Enrique Inzunza.
Además, dos exintegrantes del gabinete estatal ya se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, quien encabezó la Secretaría de Administración y Finanzas.
El Gobierno de México sostuvo que la solicitud presentada por Estados Unidos no forma parte de un procedimiento ordinario de extradición y señaló que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para considerar procedente una detención urgente contra los implicados.
Este caso ha generado nuevas tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, debido al alcance político de las acusaciones y al impacto que podrían tener en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
