La medida, derivada de una interpretación del artículo 127 constitucional, entra en vigor desde la segunda catorcena de junio de 2026
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció este martes 10 de junio que procederá a reducir las pensiones de su personal jubilado de confianza que rebasen el equivalente a la remuneración mensual que percibe la titular del Poder Ejecutivo Federal. La decisión, respaldada en una interpretación jurídica de la reforma constitucional al artículo 127, marca un cambio significativo en las condiciones económicas de al menos una parte de los exfuncionarios de la empresa paraestatal más grande del sector energético en México.
Según el comunicado oficial difundido por la empresa, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un criterio interpretativo que habilita al gobierno federal para aplicar el tope salarial presidencial como límite máximo para las pensiones del personal jubilado de confianza de las Empresas Públicas del Estado. Este criterio extiende, en la práctica, una restricción que ya aplica a los servidores públicos en activo hacia quienes ya concluyeron su vida laboral dentro de instituciones como la propia CFE.
Qué cambia y desde cuándo entrará en vigor el ajuste
La empresa eléctrica fue precisa en los tiempos de implementación: el ajuste comenzará a reflejarse en los pagos correspondientes a la segunda catorcena de junio de 2026, es decir, en los días próximos al cierre del presente mes. Las pensiones que superen el monto que recibe mensualmente la presidenta de México serán recortadas hasta ese límite, mientras que quienes perciban montos iguales o inferiores no verán ninguna modificación en sus ingresos.
En cuanto a las diferencias acumuladas durante el periodo en que se hayan realizado pagos por encima del tope constitucional, el comunicado precisa que su liquidación o ajuste contable quedará resuelta durante el mes de julio de 2026, en apego a lo establecido en la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El marco legal detrás de la decisión
El artículo 127 constitucional establece desde su reforma el principio general de que ningún servidor público podrá recibir una remuneración superior a la del titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, su aplicación al universo de los pensionados de confianza en empresas públicas no había sido explícita hasta que la Consejería Jurídica emitió el criterio ahora invocado por la CFE.
La interpretación adoptada por el gobierno federal abre la puerta para que este mismo criterio sea replicado en otras Empresas Públicas del Estado, aunque por ahora el comunicado solo hace referencia directa al personal jubilado de confianza de la CFE. La medida se inscribe dentro de la política de austeridad republicana impulsada durante la actual administración federal, cuyo eje central ha sido limitar los ingresos de funcionarios y extrabajadores del sector público a niveles compatibles con el tope presidencial.
A quiénes aplica y quiénes quedan fuera
El comunicado de la CFE es explícito al delimitar su alcance: la medida está dirigida exclusivamente al personal jubilado de confianza de la empresa. Esto excluye, al menos en este anuncio, a los trabajadores sindicalizados jubilados, cuyas condiciones de retiro se rigen por contratos colectivos de trabajo negociados con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y otros organismos representativos.
Algunas características relevantes del ajuste anunciado son las siguientes:
- Solo impacta pensiones que superen el salario mensual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
- Las pensiones iguales o menores a ese monto no sufrirán modificación alguna.
- La entrada en vigor es la segunda catorcena de junio de 2026.
- Las diferencias acumuladas en períodos anteriores se resolverán en julio de 2026.
- La medida aplica únicamente al personal jubilado de confianza, no al personal sindicalizado jubilado.
Lo que la CFE no reveló en su comunicado
Más allá de lo que el documento oficial sí precisa, hay datos relevantes que la empresa pública no divulgó. El comunicado no especifica cuántos pensionados se verán afectados por el ajuste, ni cuál es el universo total de jubilados de confianza de la empresa. Tampoco se menciona el monto agregado que significará el recorte en términos presupuestarios para la paraestatal, ni si los afectados tendrán algún mecanismo de aclaración o impugnación.
Este silencio en torno a las cifras concretas ha generado incertidumbre entre los sectores involucrados, especialmente considerando que muchos de estos jubilados construyeron sus expectativas de retiro bajo esquemas que, en su momento, eran legalmente vigentes y contractualmente pactados. La ausencia de información sobre el número de personas afectadas dificulta valorar el alcance real de la medida.
Contexto: la política de topes salariales en el sector público federal
La restricción de los ingresos públicos al equivalente del salario presidencial ha sido una de las banderas centrales del proyecto de transformación impulsado por el gobierno federal desde 2018. Bajo ese principio, se han recortado bonos, estímulos y remuneraciones en distintas dependencias y organismos. La extensión de ese criterio al ámbito de las pensiones de confianza de empresas como la CFE representa una nueva fase en la aplicación de esa política, con implicaciones jurídicas y personales para quienes ya concluyeron su vida laboral activa dentro del Estado mexicano.
La Comisión Federal de Electricidad es la empresa pública de mayor tamaño en el sector eléctrico nacional, con decenas de miles de trabajadores activos y jubilados. Cualquier modificación en su estructura de beneficios laborales tiene repercusiones de amplio espectro, tanto en el plano legal como en el social y el presupuestal del país.
