¿El próximo Javier Duarte? Revelan nuevos detalles sobre el caso de Rocha Moya en EU

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Por: Redacción xeu
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La solicitud de arresto con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúa avanzando en Estados Unidos y podría registrar nuevos movimientos en las próximas semanas, aseguró el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, quien ha documentado presuntos actos de corrupción y posibles vínculos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado.

En entrevista, Arteaga señaló que el proceso judicial sigue su curso ante autoridades estadounidenses, luego de que el Departamento de Justicia solicitara acciones contra Rocha Moya y otros exfuncionarios de su administración.

Estados Unidos mantiene proceso contra exfuncionarios sinaloenses

De acuerdo con el periodista, junto con Rocha Moya también figuran en las investigaciones el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y otros mandos policiales estatales y municipales.

Explicó que actualmente se encuentra en proceso la designación de un nuevo fiscal que dará seguimiento al caso, luego de cambios recientes dentro de las autoridades estadounidenses encargadas de la investigación.

Según Arteaga, el Departamento de Justicia solicitó órdenes de arresto con fines de extradición y parte de los implicados ya han tenido contacto con autoridades norteamericanas.

Dos exfuncionarios ya enfrentan procesos en Estados Unidos

El periodista indicó que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se habría acercado voluntariamente a autoridades estadounidenses y actualmente colaboraría como testigo.

Asimismo, señaló que el general retirado Arturo Mérida Sánchez fue detenido tras entregarse en Arizona y ya compareció ante un juez federal en Estados Unidos.

Arteaga afirmó que ambos casos forman parte de una investigación más amplia relacionada con presuntas redes de corrupción y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Investigación se remonta a 2023

Según explicó, las investigaciones del Departamento de Justicia tendrían antecedentes desde 2023, aunque aseguró que diversos periodistas ya habían documentado presuntas irregularidades en la administración de Rocha Moya desde años anteriores.

Arteaga sostuvo que sus investigaciones han identificado presuntos desvíos de recursos públicos mediante empresas fantasma, contratos irregulares y operaciones que habrían beneficiado a compañías vinculadas con funcionarios y personas cercanas al gobierno estatal.

Asimismo, afirmó que parte de la documentación recopilada involucra contratos otorgados a empresas que ya eran objeto de sanciones o investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.

Cuestiona postura del gobierno mexicano

Durante la entrevista, el periodista también cuestionó la respuesta de las autoridades mexicanas ante la solicitud estadounidense.

Afirmó que el proceso de extradición aún no ha iniciado formalmente debido a que las personas requeridas no han sido detenidas en territorio nacional, por lo que los plazos legales previstos en los acuerdos bilaterales todavía no comienzan a correr.

Explicó que, una vez realizada una eventual detención, correspondería a Estados Unidos presentar formalmente las pruebas que sustentan la solicitud de extradición para que las autoridades mexicanas determinen su procedencia.

Debate sobre alcances del caso

Las declaraciones de Víctor Hugo Arteaga surgen en medio de la polémica generada por las investigaciones que se siguen en Estados Unidos y que involucran a exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.

Mientras las autoridades estadounidenses continúan con las diligencias correspondientes, el caso mantiene atención tanto en México como en Estados Unidos debido a las implicaciones políticas y judiciales que podría tener en los próximos meses.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna orden de captura vigente contra Rubén Rocha Moya derivada de estas solicitudes internacionales, mientras que el gobierno federal ha insistido en que cualquier procedimiento deberá sustentarse en pruebas y seguir los cauces legales establecidos.

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