El Gobierno de México inició una estrategia legal y diplomática para exigir justicia por la muerte de personas mexicanas que se encontraban bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
A través de una nota informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que estas acciones comenzaron el lunes 13 de julio, en cumplimiento de las medidas anunciadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Como primera medida, la SRE dio a conocer que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), presentará una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual será entregada por conducto de la Embajada de México en ese país.
Además, el Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en Estados Unidos, con el respaldo de la red consular mexicana.
La Cancillería también informó que comenzó el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) dirigidos a centros de detención donde han fallecido ciudadanos mexicanos.
El primer documento fue enviado al centro de detención de Adelanto, California, donde, según la SRE, han muerto cuatro personas mexicanas.
El objetivo es exigir que cesen de inmediato las acciones u omisiones que pudieron contribuir a estos fallecimientos, entre ellas la falta de atención médica oportuna y la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios.
La dependencia precisó que estos escritos representan el primer paso formal para una eventual presentación de acciones civiles.
Como parte de la estrategia internacional, el secretario de Relaciones Exteriores envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para informar sobre las muertes de mexicanos bajo custodia de ICE.
En el documento se solicita que la oficina del Alto Comisionado recabe información de las autoridades estadounidenses, evalúe si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emita las recomendaciones correspondientes y remita el caso a los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que estas medidas forman parte de la etapa de investigación, indispensable para el inicio de los procedimientos judiciales que correspondan conforme a derecho.
Asimismo, reiteró que continuará brindando acompañamiento permanente a las familias de las víctimas mediante la red consular y afirmó que el Gobierno de México mantendrá una postura firme en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, utilizando todos los recursos institucionales y legales disponibles tanto en México como a nivel internacional.
