El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, planteó que la filtración de un audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con supuestos agentes estadounidenses, debe ser investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que pudo derivar de un acto de espionaje ilegal.
El legislador sostuvo que, si la conversación fue obtenida de manera ilícita, la mandataria estatal debería presentar una denuncia penal para que las autoridades determinen el origen de la grabación y deslinden responsabilidades.
"Toda labor de espionaje es repugnable. Ella ha sido motivo de espionaje ilegal, yo en el pasado he sido espiado y por eso repudio cualquier acción de este tipo. Creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje (...) Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse", expresó Monreal.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados señaló que corresponde a la FGR investigar quién obtuvo y filtró el material, al insistir en que la difusión de conversaciones privadas obtenidas de forma ilegal representa una violación a los derechos de las personas involucradas.
Durante sus declaraciones, Ricardo Monreal advirtió que, si efectivamente la gobernadora está siendo víctima de espionaje, la filtración conocida podría no ser la única.
"Si la gobernadora está siendo espiada, no va a ser el único audio", afirmó el legislador, al tiempo que pidió esclarecer los hechos para evitar que continúen este tipo de prácticas.
El coordinador parlamentario reiteró que el caso debe investigarse a fondo para determinar si existió intervención ilegal de comunicaciones y establecer las responsabilidades correspondientes.
Las declaraciones de Monreal se producen en medio del debate generado por la difusión de una conversación que ha cobrado relevancia pública y política.
Mientras el legislador de Morena sostiene que el origen de la grabación debe ser investigado por la vía penal y mediante la intervención de la Fiscalía General de la República, el caso ha abierto una discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad, la persecución de posibles actos de espionaje y el interés público de la información difundida.
