La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha generado un intenso debate político y jurídico. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que se trata de una investigación por contrabando de combustibles, especialistas consideran que el momento en el que ocurrió el arresto también ha despertado cuestionamientos.
El abogado penalista Gabriel Regino señaló que el caso forma parte de una serie de investigaciones criminales que han marcado la agenda nacional en los últimos meses y que involucran tanto a actores políticos como a redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.
Regino recordó que la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo es socio, ya era investigada desde hace más de un año por autoridades federales.
Según explicó, las indagatorias apuntan a una presunta operación de huachicol fiscal, un esquema mediante el cual grandes cantidades de combustible ingresan al país desde Estados Unidos, pero son declaradas en aduanas como otro tipo de producto, generalmente aceite usado o quemado, para reducir el pago de impuestos.
"En efectos prácticos es un contrabando de combustible que se ha bautizado como huachicol fiscal", explicó.
Agregó que este tipo de operaciones requiere la participación de una estructura integrada por empresas, funcionarios y diversos actores que intervienen en la importación y comercialización del combustible.
El especialista detalló que este delito consiste en importar combustibles ocultando su verdadera naturaleza para evadir impuestos y derechos aduaneros.
De acuerdo con Regino, el mecanismo permite que el combustible cruce la frontera pagando una carga fiscal muy inferior a la que legalmente corresponde.
Las investigaciones sobre este esquema, indicó, tienen además un carácter binacional, ya que involucran operaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
Aunque aclaró que corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal del exgobernador panista, Gabriel Regino consideró que la ejecución de la orden de aprehensión ha generado suspicacias debido al contexto político en el que ocurrió.
El abogado señaló que Ernesto Ruffo nunca estuvo prófugo y que durante el tiempo que la investigación permaneció abierta ofreció entrevistas públicas en las que manifestó estar dispuesto a colaborar con las autoridades.
"El caso ya era conocido desde hace más de un año y Ruffo siempre estuvo localizado y disponible para cualquier investigación", afirmó.
Durante la entrevista, Regino fue cuestionado sobre las versiones que apuntan a que la detención podría servir para desviar la atención de otros asuntos políticos recientes.
Al respecto, respondió que el arresto coincide con diversos temas que han colocado bajo presión al Gobierno federal, entre ellos las investigaciones relacionadas con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
"Todo lo que pueda romper esa continuidad de temas que hoy afectan a la administración federal les puede servir", sostuvo.
Como ejemplo, comparó la situación con una falta táctica en un partido de futbol para detener un avance del equipo contrario.
El penalista también cuestionó la forma en que fue presentado públicamente el exgobernador tras su detención.
Consideró que el despliegue utilizado durante el traslado de Ruffo, de 73 años de edad, fue excesivo.
"Es una muestra de cómo el Estado pretende enviar mensajes a sus adversarios y a la opinión pública", opinó.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República ha informado que la investigación continúa y que el caso involucra una presunta red dedicada al contrabando de combustibles mediante operaciones de huachicol fiscal.
Ernesto Ruffo deberá enfrentar el proceso penal ante un juez federal, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones y se presenten las pruebas correspondientes.
