La soberanía es uno de los conceptos más utilizados en el discurso político mexicano, especialmente cuando se habla de relaciones internacionales o de la defensa del país frente a decisiones extranjeras. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, la soberanía no pertenece al gobierno, sino al pueblo, explicó el doctor en Derecho Constitucional Emilio del Río Pacheco.
Durante una entrevista, el especialista señaló que este principio ha evolucionado durante siglos y que, aunque suele invocarse en el debate público, con frecuencia se utiliza fuera de su verdadero significado jurídico.
Del Río Pacheco explicó que el concepto surgió en el siglo XVII como un atributo exclusivo de los reyes. Posteriormente, con el desarrollo del constitucionalismo moderno, la idea cambió hasta reconocer que el verdadero titular de la soberanía es la ciudadanía.
En México, recordó, este principio quedó plasmado desde la Constitución de Apatzingán de 1814 y finalmente fue incorporado en el artículo 39 de la Constitución de 1917, donde se establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
"De esa soberanía surgen todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, el propio pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno cuando así lo considere necesario", explicó.
El constitucionalista precisó que el artículo 41 de la Carta Magna establece que la soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, aunque ello no significa que éstos sean sus propietarios.
Desde una perspectiva jurídica, señaló que cada individuo posee una parte de esa soberanía y la delega al Estado para que éste garantice el bienestar colectivo y proteja los derechos de la población.
"El Estado es una construcción jurídica; existe porque las personas le ceden parte de esa soberanía para organizar la vida en comunidad", explicó.
Uno de los cuestionamientos más frecuentes es si la firma de tratados internacionales representa una pérdida de soberanía para México.
Al respecto, Del Río Pacheco afirmó que la respuesta es no, ya que estos acuerdos siguen un procedimiento constitucional antes de entrar en vigor.
Explicó que los tratados son analizados por el Estado mexicano y deben ser aprobados por el Senado de la República. Una vez ratificados, forman parte del marco jurídico nacional, siempre y cuando no contradigan la Constitución.
"No afectan la soberanía porque es el propio Estado, a través de sus instituciones, quien decide voluntariamente suscribirlos y establecer sus alcances", indicó.
El especialista fue enfático al señalar que México sí es un Estado soberano, pese a los desafíos que enfrenta en materia de seguridad y gobernabilidad.
No obstante, reconoció que existen regiones donde la presencia del crimen organizado dificulta el ejercicio pleno de las funciones del Estado.
"Cuando el Estado no puede garantizar plenamente los derechos de la población en determinadas zonas, se generan condiciones que algunos identifican como propias de un Estado fallido. Sin embargo, eso no significa que México, como nación, deje de ser un país soberano", puntualizó.
Respecto a la influencia que pueden ejercer otros países, Del Río Pacheco explicó que actualmente la llamada injerencia extranjera ya no se limita a gobiernos o instituciones.
Señaló que declaraciones de legisladores, jueces, medios de comunicación o incluso creadores de contenido en redes sociales pueden tener efectos importantes sobre la opinión pública y las decisiones políticas dentro de México.
Sin embargo, aclaró que esa influencia no implica automáticamente una violación a la soberanía nacional.
Finalmente, el doctor en Derecho Constitucional consideró que la soberanía es uno de los conceptos más recurridos por los actores políticos, aunque muchas veces se emplea con fines discursivos.
Afirmó que el verdadero sentido de este principio constitucional es proteger a la ciudadanía frente al ejercicio del poder y no servir como argumento para justificar decisiones gubernamentales.
"La soberanía surge como una protección de los ciudadanos frente al poder constituido, no al revés. No es un instrumento para proteger a los políticos ni para justificar las acciones de un gobierno", concluyó.
