Morena anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar a la organización política Somos México para determinar si recibió recursos presuntamente relacionados con el llamado "huachicol fiscal".
El senador de Morena, Antonio Morales, informó que la petición busca esclarecer si fondos presuntamente vinculados al esquema de evasión fiscal por el que es investigado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fueron utilizados para financiar las actividades de Somos México.
Morales señaló que la solicitud responde a la participación de Ruffo dentro del Consejo Consultivo de la organización, por lo que, dijo, es necesario verificar el origen de los recursos que han permitido su operación.
Las declaraciones ocurren en medio de la investigación que enfrenta Ernesto Ruffo por presuntos delitos relacionados con el llamado "huachicol fiscal", un esquema de importación y comercialización irregular de combustibles para evadir el pago de impuestos.
En respuesta, Somos México negó haber recibido recursos de procedencia ilícita y calificó las acusaciones como una estrategia de persecución política.
La organización sostuvo que las investigaciones contra Ernesto Ruffo forman parte de un intento por desviar la atención pública de los señalamientos que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Asimismo, afirmó que sus actividades se desarrollan conforme a la ley y que está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad que requiera información sobre su financiamiento.
El anuncio de Morena ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre el partido oficialista y la organización Somos México, que busca consolidarse como una nueva fuerza política nacional.
De concretarse la solicitud, corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para abrir una investigación sobre posibles delitos relacionados con el origen de los recursos, mientras que el Instituto Nacional Electoral podría revisar el cumplimiento de las normas de fiscalización aplicables a las organizaciones que buscan constituirse como partido político.