El Congreso de Sinaloa analiza una iniciativa para crear el delito de cohabitación forzada, con el objetivo de fortalecer el combate al tráfico de niñas, los matrimonios infantiles y las uniones forzadas que registran un aumento en esa entidad y el país, pese a que el matrimonio con menores de edad está prohibido en México.
La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), denominada "Niñas, No Esposas", plantea reformar el Código Penal de Sinaloa para sancionar a quienes obliguen, promuevan, faciliten o entreguen a una niña o adolescente para vivir en unión con otra persona, incluso cuando no exista un matrimonio civil de por medio. La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que permiten que estas prácticas persistan bajo la figura de uniones informales o por usos y costumbres.
La iniciativa fue presentada por la diputada Roxana Rubio Valdez y el diputado Jorge Antonio González Flores, quienes señalaron que la protección de las niñas, niños y adolescentes ha sido una prioridad en su agenda legislativa, por lo que esta reforma representa un paso más para garantizar el interés superior de la niñez.
De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales, la cohabitación forzada constituye una forma de violencia de género y una violación a los derechos humanos de niñas y adolescentes, ya que limita su acceso a la educación, incrementa el riesgo de violencia física y sexual, embarazos tempranos y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
Aunque el matrimonio infantil fue prohibido en todas las entidades del país, especialistas advierten que la mayoría de estos casos ocurre mediante uniones de hecho, sin registro oficial, lo que dificulta su persecución penal y la protección de las víctimas. Diversos estudios señalan que las uniones tempranas continúan presentándose principalmente en contextos de marginación, desigualdad y violencia.
La iniciativa en Sinaloa busca homologar la legislación estatal con reformas federales que reconocen la cohabitación forzada como una modalidad de violencia y una práctica relacionada con la trata de personas. El propósito es dotar a las autoridades de herramientas jurídicas para investigar y sancionar estos casos antes de que deriven en otras formas de explotación.
Activistas y organismos defensores de los derechos de la infancia han señalado que la tipificación de este delito representa un paso importante para erradicar prácticas que afectan principalmente a niñas y adolescentes, al considerar que ninguna tradición, acuerdo familiar o condición económica puede justificar la privación de su libertad y de su derecho a decidir sobre su proyecto de vida.
En Sinaloa, aproximadamente un 15% de los nacimientos corresponden a madres adolescentes y que, de acuerdo con el INEGI, 27 mil 800 adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en México, mientras que la Organización de las Naciones Unidas ubica a México como el octavo con mayor incidencia de matrimonio infantil en el mundo.
En el estado de Veracruz, la cohabitación forzada de menores de edad aún no se encuentra incorporada al Código Penal local. Sin embargo, el Congreso del Estado de Veracruz ha recibido iniciativas legislativas para sancionar esta práctica de manera directa.
A diferencia de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
