El Gobierno de Estados Unidos intensificó sus medidas contra el programa internacional de misiones médicas del régimen cubano al considerar que funciona bajo un esquema de coercitividad y trabajo forzoso. A través del Departamento de Estado, Washington anunció una nueva serie de sanciones dirigidas a entidades y funcionarios clave involucrados en la gestión y administración de este sistema en el extranjero.
Las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos apuntan directamente a los organismos encargados de gestionar las brigadas de salud en el exterior, así como a directivos de alto nivel:
Entidades sancionadas: La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), acusadas de administrar, facilitar y lucrar con el trabajo del personal sanitario.
Funcionarios designados: Gretza Sánchez Padrón (directora de la UCCM) y José Ángel Portal Miranda (ministro de Salud Pública de Cuba).
Adicionalmente, el paquete sancionatorio del Departamento de Estado incluyó entidades cubanas del sector energético y del grupo empresarial Gaesa por intentar evadir bloqueos previos.
El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y las autoridades diplomáticas advirtieron que cualquier institución financiera internacional o tercero que realice transacciones con las entidades bloqueadas se expone a sanciones severas, como la restricción o el cierre de sus cuentas de corresponsalía en Estados Unidos y la congelación de activos bajo su jurisdicción.
Aunque varios países como Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana han puesto fin recientemente a estos acuerdos tras décadas de colaboración, otras naciones mantienen activo el programa.
La contratación de médicos cubanos continúa siendo válida y legal bajo el marco regulatorio mexicano; sin embargo, las sanciones estadounidenses abren un frente crítico en el apartado financiero:
Riesgo en las transferencias: Cualquier pago que se intente realizar desde instituciones bancarias mexicanas hacia la CSMC o la UCCM califica como una transacción con entidades bloqueadas. Si intervienen bancos estadounidenses o sucursales con vínculo en EE. UU., los fondos deben ser inmovilizados. En el caso de bancos mexicanos sin conexión directa con EE. UU., la autoridad estadounidense podría imponerles restricciones financieras por facilitar "operaciones significativas" con entes bajo sanción.
Por su parte, el Gobierno de Cuba calificó la decisión de Washington como un «acto de agresión» y una medida contra el derecho humano al acceso a la salud. Las autoridades de la isla defienden la labor de las brigadas como un servicio solidario, mientras que las organizaciones y entidades estadounidenses sostienen que el esquema retiene de manera arbitraria una porción sustancial de los salarios de los médicos y vulnera sus derechos laborales básicos.
