De acuerdo con una investigación difundida por el diario Reforma, dentro del centro penitenciario, administrado por el gobierno de Jalisco a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres), también se comercializan bebidas alcohólicas, como caguamas de cerveza, con un precio de hasta 200 pesos por unidad.
Una mujer que acudió al penal aseguró que el control interno no recae en las autoridades penitenciarias, sino en un grupo de internos vinculados con el llamado "autogobierno", quienes presuntamente regulan la venta de productos, supervisan las conversaciones entre reclusos y sus familiares, además de controlar diversos servicios al interior del centro.
Según su testimonio, algunos privados de la libertad pueden acceder al uso de teléfonos celulares mediante un pago aproximado de 15 mil pesos, mientras que las visitas conyugales tendrían un costo de 2 mil pesos.
La visitante también afirmó haber observado la presencia de personas ajenas al penal que presuntamente ingresan para brindar protección a determinados internos o realizar distintos trabajos dentro del reclusorio. Además, relató que el interno al que acudía a visitar le comentó que recientemente otro recluso había sido asesinado al interior del penal.
El especialista en materia penitenciaria José Luis Mussi afirmó que el fenómeno del cogobierno entre internos está presente en aproximadamente el 90 por ciento de los 261 centros penitenciarios estatales del país.
El exdirector del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social explicó que este tipo de prácticas se originan por factores como la corrupción, la sobrepoblación carcelaria, la deficiente clasificación de los internos, la falta de personal de custodia y la designación de directivos sin experiencia en la administración penitenciaria.
Mussi sostuvo que, bajo estos esquemas, los internos llegan a controlar actividades comerciales legales e ilegales, cobran cuotas e imponen reglas paralelas a las establecidas por las autoridades, lo que debilita la gobernabilidad y la seguridad dentro de los centros de reclusión.
Las autoridades del gobierno de Jalisco no han informado sobre la investigación relacionada con los señalamientos difundidos.
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