Apelará ex gobernador de Guerrero vinculación a proceso por caso Ayotzinapa: abogado

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Por: Redacción xeu
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Ángel A. R., exgobernador de Guerrero, apelará la vinculación a proceso que le fue dictada por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con el caso Ayotzinapa, informó su abogado, Mario Elizondo Martínez.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en él.

La defensa del exmandatario estatal anunció que recurrirá la resolución judicial mediante la cual Aguirre quedó sujeto a proceso.

Acusan a AÁngel A. R. de ordenar ocultar videos

La imputación contra el exgobernador se relaciona con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del 27 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

De acuerdo con la acusación, Aguirre habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero.

La Fiscalía sostiene su imputación, entre otros elementos, en los testimonios de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex Visitadora General de esa institución.

Investigación complementaria concluirá en diciembre

Durante la audiencia, el juez estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán reunir y presentar mayores elementos de prueba.

El plazo concluirá el próximo 4 de diciembre de 2026.

El delito por el que fue procesado contempla una pena de 40 a 60 años de prisión, además de una sanción económica de entre 10 mil y 20 mil días de salario, cuando se trata de un servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información relacionada con la privación de la libertad o el paradero de una persona.

El caso forma parte de las investigaciones que continúan abiertas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

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