La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en un asunto que podría establecer un criterio sobre los límites para procesar en México a una persona que fue extraditada por determinados delitos.
El Pleno de la Corte deberá analizar si una persona entregada por otro país puede ser procesada posteriormente por hechos o delitos distintos a los que motivaron su extradición. El caso gira alrededor de la llamada “regla de especialidad”, contemplada en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con este principio, una persona extraditada no puede ser detenida, juzgada o sancionada en el país que solicitó su entrega por un delito diferente al que originó la extradición, salvo que el Estado requerido autorice expresamente un nuevo proceso.
En el caso de César Duarte, Estados Unidos lo entregó a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar acusaciones en Chihuahua por los delitos de asociación delictuosa y peculado, relacionados con un presunto desvío de más de 96 millones de pesos.
Posteriormente, las autoridades mexicanas solicitaron autorización a Estados Unidos para procesarlo por una causa penal distinta. El procedimiento generó una disputa sobre si Duarte debía haber tenido derecho de audiencia durante el trámite diplomático mediante el cual se obtuvo dicho consentimiento.
Una jueza de Distrito en Chihuahua concedió un amparo a Duarte al considerar que el procedimiento no respetó sus derechos de audiencia y seguridad jurídica.
La resolución también estableció que el juez de control debía verificar si se habían respetado esos derechos en el procedimiento para obtener la autorización de Estados Unidos, y no limitarse a revisar la documentación presentada por las autoridades federales.
Las autoridades federales impugnaron esa decisión y argumentaron que el trámite para obtener el consentimiento del país que realizó la extradición es un mecanismo de cooperación internacional entre Estados y no un nuevo procedimiento de extradición, por lo que el extraditado no tendría derecho de audiencia en esa etapa.
Ante la relevancia jurídica del asunto, un Tribunal Colegiado solicitó que la SCJN atrajera el amparo en revisión. El Pleno de la Corte aprobó la atracción por mayoría de votos.
El caso también tiene relevancia porque, en diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión contra Duarte por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este procedimiento corresponde al ámbito federal y es distinto de las acusaciones por las que originalmente fue extraditado desde Estados Unidos.
La resolución que emita la Suprema Corte podría convertirse en un precedente para futuros casos de personas extraditadas y determinar hasta dónde pueden actuar las autoridades mexicanas cuando buscan procesarlas por delitos diferentes a aquellos que fueron incluidos en la solicitud original de extradición.
