El poder del crimen organizado sobre la política mexicana vuelve a estar bajo el escrutinio internacional con una investigación de Deutsche Welle (DW) que aborda, desde testimonios de sicarios, políticos y familiares, la manera en que los grupos criminales habrían construido mecanismos de presión e influencia sobre autoridades y procesos electorales.
El reportaje, presentado por la periodista Mariel Müller, plantea una pregunta central en el título:
La investigación de la televisión alemana aborda la relación entre organizaciones criminales, autoridades y procesos políticos, y pone especial atención en los mecanismos de intimidación y control territorial que pueden condicionar la competencia electoral.
Presenta la declaración de un presunto sicario del Cártel de Sinaloa, quien describió ante una cámara cómo su organización garantizó la victoria de Rubén Rocha Moya en la elección de 2021.
Uno de los episodios que adquiere especial relevancia es el proceso electoral de Sinaloa de 2021, cuando Rubén Rocha Moya, entonces candidato de Morena, obtuvo la gubernatura.
Desde aquel proceso existieron señalamientos públicos sobre una posible intervención del crimen organizado. Un análisis de Integralia publicado durante las elecciones de 2021 registró acusaciones y rumores sobre presuntos vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa.
Posteriormente, medios mexicanos documentaron denuncias sobre presuntas acciones de intimidación y violencia durante aquella elección. Milenio reportó entonces que autoridades de inteligencia investigaban posibles vínculos del crimen organizado con candidatos y señaló que existían denuncias sobre el supuesto levantón de representantes de casilla y supervisores de partidos de oposición en Sinaloa.
Rocha Moya finalmente fue registrado como candidato de Morena para los comicios del 6 de junio de 2021 y ganó la gubernatura.
El caso adquirió una nueva dimensión en abril de 2026, cuando autoridades estadounidenses acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían conspirado con integrantes del grupo criminal para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político, protección y sobornos.
La imputación también sostiene que la relación entre operadores políticos y criminales habría incluido protección de actividades ilícitas y apoyo a determinadas estructuras políticas. El caso se desprende de investigaciones estadounidenses relacionadas con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha sostenido que las imputaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York carecen de veracidad y fundamento.
El planteamiento central del reportaje de DW va más allá de la tradicional idea de que los cárteles simplemente buscan influir en una elección mediante dinero o amenazas.
La investigación coloca sobre la mesa una hipótesis mucho más profunda: que en determinadas regiones los grupos criminales pueden utilizar la violencia, la intimidación y el control territorial para limitar quién puede hacer campaña, quién puede competir y qué actores políticos tienen posibilidades reales de ejercer el poder.
Esta perspectiva resulta especialmente relevante en un país donde organizaciones civiles y estudios sobre violencia electoral han documentado durante años asesinatos, amenazas y agresiones contra candidatos, funcionarios y operadores políticos.
Sin embargo, las afirmaciones sobre que los cárteles determinan quién puede gobernar México no pueden presentarse como un hecho generalizado sin distinguir entre investigaciones periodísticas, acusaciones judiciales, denuncias políticas y hechos judicialmente acreditados.
El reportaje también abre un debate sobre la responsabilidad de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum frente al crimen organizado y sobre si las instituciones del Estado han sido capaces de impedir que grupos criminales condicionen la vida política en regiones del país.
No obstante, afirmar que ambos gobiernos "normalizaron" un sistema de control criminal o que llegaron al poder mediante un "veto criminal sistemático" constituye una interpretación política que requiere evidencia específica y no puede equipararse automáticamente con las acusaciones formuladas contra actores particulares.
Lo que sí muestran las investigaciones y acusaciones conocidas es que la relación entre crimen organizado, violencia y política representa uno de los mayores desafíos para la democracia mexicana.
La investigación de DW coloca nuevamente sobre la mesa una realidad que trasciende los partidos políticos: en algunas zonas de México, la presencia de organizaciones criminales puede llegar a modificar las condiciones en las que se desarrolla la competencia política.
La pregunta, por tanto, no solamente es quién gana una elección, sino qué condiciones existieron para que los ciudadanos, candidatos y partidos pudieran competir libremente.
En el caso de Sinaloa, los señalamientos acumulados desde 2021 y la posterior acusación estadounidense contra Rocha Moya han convertido aquel proceso electoral en uno de los casos más controversiales para analizar la relación entre política y crimen organizado.
El documental de DW contribuye así a reabrir una discusión incómoda para México: hasta dónde llega el poder de las instituciones y dónde comienza la capacidad de los grupos criminales para imponer, mediante violencia o intimidación, sus propios intereses.
La acusación estadounidense contra Rocha Moya, cabe subrayar, corresponde a imputaciones que deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales; no constituye por sí misma una sentencia de culpabilidad.
