Human Rights Watch (HRW) advirtió que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias propuestos en México podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y generar un efecto intimidatorio sobre los medios de comunicación independientes.
La organización internacional señaló que el proyecto presentado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contempla facultades para intervenir cuando una persona considere vulnerados sus derechos como audiencia y, en determinados casos, imponer sanciones a los concesionarios de radio y televisión.
De acuerdo con HRW, el proyecto anunciado el 28 de julio permitiría a la CRT sancionar a medios que difundan información considerada “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de imponer multas de hasta 1 por ciento de los ingresos acumulables anuales del medio involucrado.
La CRT abrió del 27 de julio al 21 de agosto una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El organismo sostiene que la propuesta busca establecer mecanismos para garantizar que las audiencias de radio y televisión puedan ejercer sus derechos y presentar quejas cuando consideren que estos fueron vulnerados.
Jorge Peniche, investigador senior de Human Rights Watch para México, señaló que la veracidad es un elemento fundamental del periodismo, pero consideró que corresponde a los medios y a sus mecanismos de autorregulación atender cuestiones relacionadas con la práctica periodística.
HRW cuestionó particularmente que la CRT pueda convertirse en una instancia para revisar decisiones de las defensorías de las audiencias y determinar si determinados contenidos fueron falsos, descontextualizados o desactualizados.
La organización también señaló que, aunque la legislación establece que la Comisión debe contar con independencia técnica, el organismo opera dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que forma parte del Poder Ejecutivo federal. HRW considera que esta estructura debe ser tomada en cuenta al evaluar los posibles efectos de las nuevas facultades regulatorias.
La propuesta establece que los concesionarios de radio y televisión deberán contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias, encargadas de recibir y resolver inconformidades de los radioescuchas y televidentes.
Según la explicación presentada por el gobierno, una persona podría presentar una queja ante el defensor de las audiencias. Si se determina que existió una vulneración, se emitiría una recomendación al medio. En caso de que esta no sea atendida, la CRT podría intervenir y, en situaciones consideradas graves, aplicar sanciones.
El gobierno federal ha defendido el proyecto como un mecanismo para hacer efectivos derechos que ya están reconocidos en la legislación mexicana y ha señalado que los lineamientos están dirigidos a los servicios de radio y televisión, no a la prensa escrita ni a las plataformas digitales.
La consulta pública recibió miles de participaciones. De acuerdo con información reportada este miércoles, la CRT registró 8 mil 532 participantes y 8 mil 889 comentarios durante el periodo de consulta.
Human Rights Watch recordó que México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que reconocen el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas.
La organización también citó los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que los Estados no deben imponer condicionamientos previos relacionados con criterios como veracidad, oportunidad o imparcialidad para ejercer la libertad de expresión.
HRW sostuvo que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para presionar al periodismo independiente y generar un efecto inhibidor, aun cuando esa no fuera la intención declarada de la regulación.
La organización pidió al gobierno mexicano revisar el proyecto para evitar que las nuevas atribuciones regulatorias afecten la libertad de expresión o la independencia editorial de los medios.
