El Gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares relacionados con el esquema de desvío de recursos y lavado de dinero presuntamente vinculado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, informó Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante una exposición, el funcionario explicó que la estructura financiera habría operado mediante la presunta simulación de servicios, con la participación coordinada de servidores públicos y particulares, además del uso de empresas fachada.
De acuerdo con Reyes Colmenares, la familia Weinberg tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa relacionada con García Luna. Según lo expuesto, habría sido beneficiada con 30 contratos gubernamentales otorgados a sobreprecios, a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.
El titular de la UIF detalló que parte de los recursos fueron recuperados mediante una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg.
“El Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos vinculadas con la familia Weinberg”, explicó.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los recursos recuperados serán utilizados para mejorar las condiciones educativas en una de las regiones con mayores necesidades del país.
Durante su intervención, la mandataria señaló que los 5.8 millones de dólares serán destinados a escuelas de la Montaña de Guerrero, como parte de las acciones para recuperar recursos relacionados con actos irregulares y canalizarlos a beneficio de la población.
“Se gane ese juicio civil y hasta ahora se han podido recuperar 5.8 millones de dólares, el objetivo es que este recurso se destine a escuelas en la montaña de Guerrero”, afirmó Sheinbaum.
La presidenta destacó que la recuperación de estos recursos forma parte de un proceso judicial civil mediante el cual el Estado mexicano busca recuperar activos relacionados con el esquema financiero atribuido al exfuncionario.
Con esta recuperación, el Gobierno federal prevé que recursos que presuntamente salieron del país mediante contratos irregulares puedan regresar a México y ser utilizados en infraestructura educativa, particularmente en comunidades de la Montaña de Guerrero.
