La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió un nuevo debate sobre el acceso ciudadano a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Rafael Martínez Puón, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió que algunas dependencias están utilizando criterios de reserva que, a su juicio, no corresponden con lo establecido en la legislación.
En entrevista con El Universal, Martínez Puón señaló que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben contar con una versión pública, con excepción de los datos personales que legalmente deban protegerse.
El integrante del SNA cuestionó particularmente que se invoque la seguridad nacional para reservar información sobre el patrimonio de funcionarios. Entre los casos señalados se encuentran declaraciones relacionadas con titulares de instituciones como Infonavit y Birmex, además del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Sobre este último caso, informó que su declaración patrimonial había sido reservada hasta 2030. Posteriormente, el 18 de septiembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la información fue desclasificada y que podía ser consultada nuevamente en Declaranet.
Martínez Puón también señaló que, tras la desaparición del INAI, existen cambios en la forma en que los ciudadanos pueden inconformarse cuando una institución pública niega información. Según los datos que atribuyó al CPC del SNA, 45% de las instituciones públicas federales han rectificado después de una queja ciudadana, mientras que, de acuerdo con su comparación, durante la operación del INAI el porcentaje de cumplimiento era superior.
Otro de los puntos señalados es la llamada transparencia proactiva, es decir, la obligación de las instituciones de publicar información pública sin que los ciudadanos tengan que solicitarla. Martínez Puón afirmó que actualmente se observa una menor publicación de información y mayor confusión sobre las instancias responsables de atender las solicitudes.
El INAI desapareció en marzo de 2025 y sus funciones fueron trasladadas a nuevas estructuras de transparencia. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha señalado que Transparencia para el Pueblo asumió las funciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales.
El debate ocurre mientras el gobierno federal impulsa cambios en materia de transparencia y rendición de cuentas. Martínez Puón consideró que el funcionamiento de estas nuevas reglas deberá medirse por la información que efectivamente publiquen las instituciones y por la capacidad de los ciudadanos para inconformarse cuando se les niegue información.
El Universal
