El abogado Juan Marcos Gutiérrez González explicó que la audiencia para revisar la medida cautelar se realizará este viernes 25 de septiembre; la defensa busca que el exgobernador enfrente su proceso bajo resguardo domiciliario.
El próximo viernes 25 de septiembre se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, puede continuar su proceso penal desde su domicilio, luego de que una jueza federal concediera una suspensión definitiva relacionada con la medida cautelar que actualmente lo mantiene en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Juan Marcos Gutiérrez González, integrante del equipo de defensa de Ruffo, explicó que la suspensión concedida dentro del amparo 889/2026 no representa por sí misma la salida del exmandatario del penal, por lo que será necesario esperar la audiencia de revisión de la medida cautelar.
La audiencia está programada para el viernes en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde se analizará la solicitud para sustituir la prisión preventiva por resguardo domiciliario. La defensa sostiene que Ruffo, de 74 años, puede enfrentar el proceso desde su domicilio debido a su edad y a condiciones de salud que, según sus abogados, requieren atención fuera del centro penitenciario.
La confusión surgió después de que se conociera que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión definitiva. Sin embargo, el Órgano de Administración Judicial aclaró que esa resolución no ordenó la liberación inmediata de Ruffo ni su traslado automático a prisión domiciliaria.
Por ello, Ernesto Ruffo permanece actualmente en el Altiplano mientras se desarrolla el procedimiento para determinar si la medida cautelar puede modificarse. El abogado Gutiérrez González señaló que la defensa busca que el cambio se concrete en la audiencia del viernes.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso dentro de la causa penal 253/2026 por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La investigación está vinculada con la empresa Ingemar S.A. de C.V.
