La posibilidad de que las gasolineras en México dejen de aceptar efectivo abrió un nuevo debate tras la presentación de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La propuesta fue presentada por el Ejecutivo Federal y publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 8 de septiembre. Sin embargo, todavía no es una ley vigente y continúa en revisión legislativa.
El proyecto plantea que la Secretaría de Hacienda pueda definir posteriormente “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los que el pago digital sea el único medio de transacción. La iniciativa no menciona expresamente a las gasolineras, pero tampoco las excluye.
Ante este escenario, Onexpo Nacional señaló en un comunicado que respalda la modernización y digitalización de los pagos, pero considera que la decisión sobre el medio de pago debe corresponder al consumidor y no convertirse en una obligación para las estaciones de servicio.
El organismo también pidió que la transición sea gradual y que existan mecanismos claros para mantener el suministro cuando se presenten fallas de internet, terminales bancarias, redes celulares, energía eléctrica o sistemas de pago.
Onexpo planteó además avanzar primero en regiones con infraestructura y conectividad suficientes, fortalecer las redes tecnológicas y evitar que los costos de la digitalización terminen trasladándose al precio de los combustibles.
La iniciativa contempla precisamente una excepción para casos de contingencia que impidan recibir pagos digitales, aunque los detalles de cómo se aplicaría esta medida todavía requieren definición.
Por ahora, los automovilistas pueden continuar pagando gasolina en efectivo, ya que la iniciativa no ha convertido ese mecanismo en ilegal. El cambio dependerá del proceso legislativo y, en su caso, de las disposiciones posteriores que establezca Hacienda.
A continuación, parte del texto emitido por la Onexpo Nacional:
“Los empresarios gasolineros de estaciones de servicio respaldan la modernización y digitalización de los pagos y reconocen sus beneficios en seguridad, eficiencia, trazabilidad e inclusión financiera. No se oponen al cambio; piden que se construya con diálogo, gradualidad, incentivos al consumidor y garantías de continuidad del suministro.
La posición central del sector puede resumirse en una idea: la decisión sobre el medio de pago corresponde al consumidor, no a la estación. Por eso la transición debe ganarse por conveniencia para el usuario —mejores precios, recompensas, facilidad— y no imponerse como una obligación regulatoria que traslada al contribuyente (la estación de servicio) el riesgo y la sanción por una decisión de pago que no controla.
El combustible es un insumo indispensable para la movilidad y la actividad económica del país: ningún automovilista debería quedar imposibilitado de abastecerse por una falla tecnológica ajena a él o a la estación”.
Fuente y foto: Onexpo
