El Gobierno de Baja California aseguró que La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyera al exfuncionario entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura financiera y de corrupción relacionada con el Cártel de Sinaloa.
En un comunicado, la administración estatal señaló que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC y afirmó que actualmente sólo comparte con Torres Torres el interés por el bienestar de su hijo.
"La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo", señaló el Gobierno estatal.
Asimismo, indicó que Marina del Pilar no posee cuentas ni bienes en el extranjero y que su patrimonio se encuentra declarado en México.
El posicionamiento fue emitido después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra 21 individuos y 25 entidades vinculados, según esa dependencia, con el liderazgo de Los Mayos y redes de corrupción relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Como parte de su respuesta, el Gobierno de Baja California informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas mencionadas en las sanciones de Estados Unidos han tenido contratos con el Ejecutivo estatal.
En caso de identificar alguna relación contractual, los expedientes serían remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión.
"La Gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas señaladas contrataron con el Ejecutivo estatal para remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno", indicó la administración.
El gobierno estatal también señaló que las personas mencionadas deberán atender directamente su situación ante las autoridades correspondientes y que serán esas instancias las encargadas de informar sobre las investigaciones.
"El Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California", agregó.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger sus operaciones frente a autoridades y corporaciones de seguridad en Baja California.
La dependencia estadounidense también señaló que la visa de Torres fue revocada en mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos debido a su presunta relación con el grupo criminal.
El Tesoro estadounidense sostuvo además que Torres habría recibido pagos mensuales de un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, mientras que su hermano, Luis Torres, habría participado en el manejo de esos recursos y su incorporación a empresas y campañas políticas. Estas afirmaciones corresponden a la información difundida por las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismas una resolución judicial mexicana.
Las sanciones anunciadas por OFAC implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con ciudadanos de Estados Unidos.
Por su parte, Carlos Alberto Torres Torres negó las acusaciones y anunció que emprenderá acciones ante las autoridades estadounidenses para solicitar una aclaración sobre la información difundida.
"Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente", declaró.
El exfuncionario también señaló que, de las empresas incluidas en la lista de OFAC, únicamente posee 30% de las acciones de Vive Orgánico, un mercado ubicado en Tijuana.
Torres Torres afirmó que los señalamientos derivan de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 y aseguró que, hasta el momento, no ha sido citado a comparecer ante esa autoridad.
El Departamento del Tesoro, por su parte, incluyó a Carlos Torres entre las personas designadas bajo disposiciones estadounidenses relacionadas con el apoyo material o financiero al Cártel de Sinaloa.
La administración estatal reiteró que La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda continuará al frente del Gobierno de Baja California, mientras que las personas señaladas en las sanciones deberán responder ante las autoridades competentes por su situación particular.
Con información de Reforma
