La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría de votos, diversas disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que contemplaban la pérdida del registro o cancelación de candidaturas por infracciones relacionadas con violencia, crimen organizado y otras conductas ilícitas.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, el Pleno determinó que algunas normas aprobadas por el Congreso local vulneraban principios constitucionales.
Entre las disposiciones anuladas estaba la posibilidad de retirar el registro a candidaturas vinculadas con actos de violencia, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida que afectaran una elección.
La mayoría consideró que este esquema violaba el principio de proporcionalidad, al impedir individualizar las sanciones y valorar las circunstancias de cada caso.
El criterio establecido señala que el beneficio obtenido por una persona candidata como consecuencia de acciones de terceros no genera por sí mismo responsabilidad administrativa; para imponer una sanción debe acreditarse una conducta irregular atribuible directamente a la candidatura.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de esta determinación.
mb
