Los recientes hechos violentos en los que se han visto involucrados jóvenes en Querétaro y Coahuila reabrieron el debate sobre las causas de la violencia juvenil y las medidas necesarias para prevenirla. Para Israel Sánchez, integrante de la Unión de Padres de Familia, el problema no puede atribuirse únicamente a las redes sociales, sino que requiere atender factores familiares, emocionales y sociales.
El representante consideró que, aunque las propuestas para regular las plataformas digitales pueden ser un primer paso, hace falta mayor sustento y una estrategia integral que involucre a padres de familia, especialistas y autoridades educativas.
“Pareciera ser que todo está en las redes sociales y no es así”, señaló, al advertir que las agresiones también reflejan deficiencias en las políticas de prevención del delito y en la atención a la salud integral de niñas, niños y adolescentes.
Sánchez explicó que uno de los aspectos que debe atenderse es el acceso de menores de edad a las plataformas digitales sin supervisión. Indicó que, en ocasiones, los padres entregan teléfonos celulares a sus hijos sin establecer límites ni utilizar herramientas de control parental, en parte por desconocimiento sobre los riesgos que existen en internet.
Además de los contenidos que circulan en redes sociales, alertó sobre la presencia de grupos cerrados en los que, de acuerdo con su planteamiento, algunos jóvenes pueden ser captados e incitados a participar en actos violentos.
Por ello, consideró que las medidas de prevención no deben concentrarse solamente en regular publicaciones, sino también en fortalecer la supervisión familiar y detectar posibles dinámicas de reclutamiento o incitación a la violencia en entornos digitales.
Ante el debate que resurgió sobre la aplicación del operativo mochila, Sánchez afirmó que la Unión de Padres de Familia está de acuerdo con que se implemente de manera permanente y no únicamente durante los días posteriores a un hecho violento.
Señaló que, en algunas escuelas, estas acciones se realizan por periodos breves y después se suspenden, por lo que pidió dar continuidad a las medidas de seguridad.
Sin embargo, subrayó que las revisiones no sustituyen la necesidad de contar con protocolos para identificar cambios de conducta y posibles señales de alerta entre los estudiantes.
Consideró necesario que docentes y autoridades educativas puedan detectar y registrar comportamientos violentos para que las familias conozcan los antecedentes y actúen oportunamente.
A su juicio, sin mecanismos de prevención y seguimiento, las medidas de seguridad difícilmente tendrán resultados positivos a largo plazo.
El representante de la Unión de Padres de Familia también señaló que la salud emocional de niñas, niños y adolescentes debe formar parte de las estrategias para prevenir la violencia.
Recordó que, después de la pandemia de Covid-19, la organización pidió a las autoridades educativas considerar las consecuencias emocionales del confinamiento y el regreso a clases, en un contexto en el que también se han presentado casos de acoso escolar, ciberacoso y ciberbullying.
Como referencia, mencionó que la organización registró alrededor de 62 casos de víctimas de bullying en escuelas durante el año pasado, aunque advirtió que podrían existir más situaciones que no se denuncian o no llegan a hacerse públicas.
Sánchez sostuvo que la atención a estos problemas no puede limitarse a pláticas o manuales, sino que requiere la intervención de personal especializado en los planteles públicos.
“Se debe invertirle en que personal de salud, personal especializado pueda asistir a las escuelas públicas”, planteó, al considerar que la atención emocional continúa siendo un pendiente.
Ante este panorama, Sánchez llamó a las familias a fortalecer la comunicación con sus hijos, especialmente durante la adolescencia, etapa en la que algunas señales de alerta pueden pasar inadvertidas si no existe confianza para hablar de los problemas que enfrentan.
Recomendó que los padres se acerquen a sus hijos, escuchen sus inquietudes y, si detectan situaciones de acoso o violencia dentro de la escuela, acudan de inmediato con docentes y autoridades educativas.
También pidió extender la prevención a los espacios públicos y a las comunidades, pues recordó que algunas agresiones ocurren fuera de los planteles escolares.
Como ejemplo, mencionó el caso de Torreón, al señalar que los hechos referidos ocurrieron en el exterior de una escuela y no dentro de las instalaciones.
Por ello, llamó a los vecinos a reportar situaciones de violencia, riñas o conductas que pongan en riesgo a jóvenes y adolescentes.
Para el representante, la prevención debe construirse mediante la participación conjunta de las familias, las escuelas, las autoridades y la comunidad, con medidas que permitan identificar riesgos y atender sus causas antes de que deriven en nuevas agresiones.
