Sin el INAI, el poder político decide qué información se transparenta y ocultar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos abre la puerta a la corrupción, advirtió Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al señalar que la eliminación de organismos autónomos de transparencia ha dejado a los ciudadanos con menos herramientas para exigir información y vigilar el desempeño de los gobiernos.
En entrevista con El Universal, Talavera cuestionó las consecuencias de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas atribuciones permitían revisar decisiones sobre el acceso a la información de instituciones públicas.
La titular del SNA sostuvo que, sin un organismo con autonomía suficiente para garantizar la transparencia, las decisiones sobre qué información se publica y cuáles actos de corrupción se investigan pueden quedar sujetas al poder político.
“Lo que antes era una excepción ahora es la regla”, señaló al referirse al uso de criterios que permiten reservar información pública. Consideró que esta situación aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a las instituciones y dificulta la exigencia de rendición de cuentas.
Talavera también puso en duda que el esquema actual de transparencia pueda sustituir las facultades que tenía el INAI, particularmente en organismos que no dependen directamente del Poder Ejecutivo federal.
La presidenta del SNA señaló que la existencia de una instancia vinculada al Ejecutivo plantea interrogantes sobre quién puede garantizar la revisión independiente de las decisiones de las instituciones públicas.
A su juicio, el problema no se limita a las declaraciones patrimoniales, sino que alcanza el acceso a información necesaria para vigilar el ejercicio de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades.
La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción advirtió que las omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar el acceso a la información pueden derivar en responsabilidades administrativas y, cuando se configuren los supuestos legales correspondientes, también penales.
Asimismo, cuestionó la independencia de los órganos internos de control cuando el personal encargado de supervisar a una institución depende jerárquicamente de las mismas estructuras gubernamentales que debe vigilar.
La discusión sobre la transparencia de las declaraciones patrimoniales cobra relevancia porque estos documentos permiten conocer información sobre los bienes e intereses de los funcionarios, conforme a las reglas de publicidad y protección de datos aplicables.
Talavera consideró que debilitar los mecanismos de vigilancia reduce la capacidad de la ciudadanía para detectar posibles conflictos de interés y exigir explicaciones sobre el desempeño de los servidores públicos.
La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción advirtió que las omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar el acceso a la información pueden derivar en responsabilidades administrativas y, cuando se configuren los supuestos legales correspondientes, también penales.
Asimismo, cuestionó la independencia de los órganos internos de control cuando el personal encargado de supervisar a una institución depende jerárquicamente de las mismas estructuras gubernamentales que debe vigilar.
El Universal
