La nueva Ley General en materia catastral podría abrir la puerta a incrementos en el impuesto predial si los municipios comienzan a calcularlo con base en el valor comercial de los inmuebles y no en su valor catastral, advirtió el economista Guillermo Barba.
En entrevista con XEU, el especialista aclaró que la legislación no establece directamente un aumento al predial; sin embargo, consideró que la creación de un registro nacional que concentre y estandarice la información de las propiedades podría facilitar una actualización de los valores utilizados para calcular este impuesto.
Barba explicó que actualmente los registros públicos de la propiedad y los catastros operan bajo criterios que varían entre las entidades federativas. Con la nueva legislación, se busca unificar la información y establecer una clave única registral y catastral para identificar las características de cada inmueble.
“Eso no está aprobado en la ley. De hecho, así es como la han defendido de parte del oficialismo, es decir, ‘no, es que esto no es un aumento del predial porque eso le corresponde a los estados’”, señaló.
No obstante, advirtió que el riesgo estaría en una eventual modificación de los criterios que utilizan las autoridades locales para determinar el monto del impuesto.
El economista explicó que el predial es un impuesto municipal en prácticamente todo el país, con excepción de la Ciudad de México, donde se cobra a nivel central.
Por ello, señaló que, aunque la ley general no contemple un incremento directo, los municipios podrían eventualmente tomar como referencia los valores comerciales de las propiedades para calcular el gravamen.
Para ilustrar el posible efecto, Barba planteó el ejemplo de una propiedad con un valor catastral de 500 mil pesos y una tasa de predial del uno por ciento. Bajo ese supuesto, el propietario pagaría cinco mil pesos anuales.
Sin embargo, si el valor comercial del mismo inmueble fuera de un millón de pesos y ese monto se utilizara como base para calcular el impuesto, el pago ascendería a 10 mil pesos al año, aun cuando la tasa permaneciera sin cambios.
“Sin aumentar la tasa, el riesgo es que pudiera aumentarnos el catastro”, explicó.
El especialista puntualizó que se trata de un escenario posible, no de un incremento aprobado. Añadió que los valores comerciales pueden ser dos o tres veces superiores a los catastrales, aunque la diferencia depende de cada propiedad.
Otro de los aspectos que consideró delicados es la creación de una plataforma nacional que permita consultar de manera centralizada información sobre los inmuebles, como quiénes son sus propietarios, dónde se encuentran, cuánto miden y cuál es su valor.
Según Barba, la información sería administrada por el Gobierno federal mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Agencia de Transformación Digital.
El economista comparó el mecanismo con una especie de “CURP catastral”, mediante la cual sería posible identificar las propiedades asociadas a una persona.
A su juicio, la concentración de estos datos requiere especial atención debido a que se trata de información patrimonial sensible que, si no se protege adecuadamente, podría representar riesgos para la privacidad y seguridad de los propietarios.
Barba reconoció que estandarizar y actualizar los catastros puede contribuir a ordenar la información inmobiliaria del país. Sin embargo, consideró necesario analizar las implicaciones de concentrar esos datos y los posibles usos que podrían darles las autoridades.
Durante la entrevista, el economista también abordó las preocupaciones sobre la posibilidad de que las autoridades intervengan en propiedades consideradas subutilizadas.
Al respecto, aclaró que este planteamiento no forma parte de la Ley Catastral que comentó, sino de una propuesta distinta: el Programa de Ordenación Territorial para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que, según explicó, se encontraba en discusión y consulta pública.
Barba señaló que uno de los puntos que generan inquietud es quién determinaría cuándo un terreno o inmueble está subutilizado y bajo qué criterios se tomaría esa decisión.
Explicó que, de acuerdo con su interpretación de la propuesta, podría establecerse un plazo de entre dos y cuatro años para desarrollar determinados predios y, si no se cumpliera, contemplarse una eventual subasta forzosa con indemnización.
El economista consideró que una medida de este tipo podría afectar los derechos de los propietarios, aunque aclaró que no significa que todas las personas vayan a perder sus inmuebles ni que exista una disposición general que obligue a construir en cualquier terreno desocupado.
Por ello, insistió en la importancia de distinguir entre la legislación catastral nacional y el programa territorial planteado para la zona metropolitana de la capital del país.
Sobre las diferencias entre los registros públicos de la propiedad que existen actualmente y la plataforma nacional propuesta, Barba explicó que la principal modificación sería la unificación de criterios para registrar las características de los inmuebles.
Indicó que actualmente la información se encuentra distribuida entre registros locales, mientras que el nuevo esquema buscaría establecer estándares comunes y facilitar la consulta centralizada de los datos.
El economista consideró que la actualización de los catastros puede ser útil para ordenar la información inmobiliaria, pero advirtió que deben analizarse las consecuencias de vincular los datos patrimoniales de los ciudadanos y la posibilidad de que los nuevos registros se utilicen para modificar las bases de cálculo de impuestos.
En ese sentido, reiteró que un eventual aumento del predial dependería de decisiones posteriores de las autoridades encargadas de establecer y cobrar el impuesto, y no de un incremento directo establecido en la ley que comentó durante la entrevista.
